Autos y autobuses en llamas, bloqueo de carreteras, balaceras en tiendas, bombas molotov contra negocios, tiroteos y disturbios en al menos cuatro estados de la República. En nuestro Estado de México la casa de la presidenta municipal de San José del Rincón fue incendiada, ante todo esto, los ciudadanos se preguntan: ¿qué hicimos nosotros? Víctimas inocentes de actos violentos, el gobierno dice que no pasa nada, que todo está bajo control y que es propaganda negra.
Querámoslo o no la gente tiene miedo. Y con razón. En redes sociales los apologistas del régimen sostienen que hay una conspiración de los conservadores e insisten con la propaganda negra. La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, tuvo el cinismo exhortar a los delincuentes que cobren las facturas a quienes les deben, no al resto de los ciudadanos. Inusual llamado que pareciera eximir de responsabilidad a la autoridad, es decir, autoeximirse. Peor aún, el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, reconoció que los disturbios se deben a que no se cumplieron acuerdos con los delincuentes.
El terrorismo desafía a los derechos humanos casi al punto del colapso. Sus consecuencias no son daños colaterales. Son actos destinados a sembrar terror, a atemorizar a la población, que socavan y abandonan los valores centrales donde se fundan nuestros derechos. Si bien no se ha llegado a una definición exacta y la misma ONU no ha podido adoptar una convención generalmente aceptada, convencionalmente se acepta que son actos delictivos concebidos o planeados para provocar un estado de terror entre la población en general, en objetivos civiles. A pesar de las justificaciones que los perpetradores buscan darle, políticas, filosóficas, ideológicas, raciales o étnicas, estos actos son inaceptables.
Hay características específicas que nos permiten definir si un acto es terrorista o no: a) está políticamente inspirado, tiene un objetivo mayor y es más estratégico; b) debe implicar violencia o amenaza, para causar temor a quien se dirige; c) es diseñado para tener un fuerte impacto psicológico, se realizan aleatoriamente, pero con objetivos seleccionados con cuidado para lograr una máxima reacción por atacar símbolos del régimen y d) los civiles son su blanco, personas en general, periodistas, políticos o funcionarios de gobierno.
A partir de estos elementos, sí, las acciones que hemos visto en nuestro país en los últimos días, son claramente actos terroristas. David Saucedo es más específico, son actos narcoterroristas, el ejército mexicano sólo se limitaba a observar con drones intentos de captura de capos de un nivel secundario, como sucedió en Michoacán, muestra de ello es el pequeño aumento de decomisos de metanfetaminas y opioides sintéticos.
Raymundo Riva Palacio dice que la explicación es más compleja que la ofrecida por el Gobierno de México. Según el periodista obedece más a pugnas internas entre los mismos carteles. Los enfrentamientos y detenciones han sido circunstanciales y no corresponden a una política de Estado, no han ido a la cabeza, pueden ser una presión para que se apruebe la reforma constitucional para militarizar a la Guardia Nacional, incluso la fallida captura de Velasco Ruiz alias “el doble R”.
Para Eduardo Guerrero, lo visto es una coyuntura que tiene dos resortes, uno la ola de detenciones de alto perfil ante los problemas de liderazgo en las organizaciones y otro las escisiones de carteles en Jalisco y Michoacán, todo con la finalidad de causarle daño a las autoridades del actual gobierno. La política de la no confrontación (“abrazos y no balazos”) causó el repliegue del ejército en varias zonas, al tiempo que el crimen organizado se empoderó. Al inicio de la administración existían 250 células delictivas actualmente se calcula existen 350. Los criminales están bien organizados, bien armados, más fuertes que nunca y, con actos terroristas, advierten al gobierno que ponga alto a los arrestos de altos perfiles criminales.
La responsabilidad primera y la razón para constituir un gobierno es proteger a la población. El Estado, es decir el gobierno, tiene el monopolio “de la violencia legítima”, a través de instituciones de protección como las policías civiles o el ejército nacional. Hoy muchos ciudadanos tenemos miedo ante el terrorismo que vemos en las calles porque el gobierno ha renunciado a ejercer ese monopolio que le es legítimo. Los terroristas están ganando terreno a las autoridades y el gobierno sigue en la misma postura pasiva, ignorando el clamor de un pueblo en llamas.
Objetivamente no creo que el gobierno federal cambie la estrategia. Eso no significa que no debamos exigirle la protección a los ciudadanos que están viendo amenazada su seguridad personal, la indemnización a las víctimas del terrorismo y mayor investigación e inteligencia profesional, mejor si es por medio de la tecnología. Si no se corrige la política pública el malestar social puede degenerar en disturbios como los vistos en San José del Rincón, pueden extenderse a la mayor parte del país. La recuperación de la paz y la tranquilidad llevará muchos años de arduo trabajo, pero hay que empezar reconociendo que el terrorismo existe. No olvidemos que las soluciones a los problemas empiezan justo por admitir que existen y hay que atacarlos de frente.
*El autor es Maestro en Administración Pública y Política Pública por ITESM y Máster en Comunicación y Marketing Político por la UNIR.
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