El informe que dio a conocer la periodista Peniley Ramírez en el medio informativo Reforma sobre el caso Ayotzinapa dejó al descubierto el horror que se vivió aquella noche del 26 de septiembre de 2014, en la que 43 normalistas fueron asesinados. El documento sin testar, causó gran revuelo en todos los sectores de la sociedad, pues narra la crudeza con la que los criminales actuaron en contra de los jóvenes.
Al dar a conocer los detalles de la tragedia que involucra a los cuerpos de seguridad municipal, estatal y federal, impactó particularmente al presidente Andrés López Obrador, quien tuvo que abordar el tema en una de sus acostumbradas mañaneras, pidiendo disculpas a los padres de los estudiantes, por lo que “otros” dejaron de hacer.
Lo anterior, fue motivo para que la periodista fuera el centro de ataques de los defensores de la 4t, tan acostumbrados a volcarse en contra de los que creen enemigos del presidente, abrieron fuego incesante para agredir a través de las redes sociales a quien había dado a conocer la información.
Sin embargo, esa información ya existía; la conocían los altos mandos y desde luego, el titular del ejecutivo federal, quien ha dicho que el presidente se entera de todo lo que sucede. Bajo esa condición, seguramente los padres de los 43 de Ayotzinapa ya estaban al tanto del resultado de las investigaciones encabezadas por Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos.
Así, la rabia se dejó sentir en contra de la mensajera, de nueva cuenta, quien presentó un documento sin testar, es decir, sin presentar ocultamiento como el que dio a conocer el gobierno de México, que más que ofrecer transparencia, parecía una burla; no tanto por el interés de conocer sobre la crudeza con la que se desarrollaron los acontecimientos, sino, para dejar ver sin filtros, quienes estuvieron involucrados.
Lo anterior. desató una fuerte lucha intestina entre los defensores del gobierno actual del presidente Andrés López Obrador, y los que no están de acuerdo en la forma en la que dice gobernar; pues, sin aceptar responsabilidad alguna, queda en medio de dos frentes; como resultado de haberse adueñado del legítimo movimiento de los padres de los estudiantes, para hacer campaña en contra del gobierno de Peña Nieto. Al día de hoy como presidente de México, ya no le es conveniente llamarlo crimen de Estado.
Gran parte de la culpa que absorbió el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, fue por la falta de determinación para salir al frente y ofrecer ir hasta las últimas consecuencias en las investigaciones, no lo hizo así y, materialmente, absorbió todo el impacto mediático que favoreció al tabasqueño en la búsqueda de la presidencia. La administración peñista no se pudo recuperar del golpe.
Mientras tanto, los que aparecen involucrados hasta el cuello y pretendían escapar del largo brazo de la ley, como el presidente municipal en ese momento de Iguala, José Luis Abarca, fue el gran protagonista, pues de acuerdo al informe; fue quien ordenó matar a los normalistas y exigió recuperar la “mercancía”.
No se puede olvidar que José Luis Abarca recibió todo el apoyo de quien en ese tiempo era dirigente del PRD, que, a pesar de los llamados de alerta de diferentes actores políticos, se mantuvo en su decisión. El informe confirma lo que ya se señalaba desde entonces.
¿Quién entonces resulta ser más culpable?
La impunidad reinante en unos, contrasta con la acusación y señalamiento implacable en contra de otros; el descubrimiento del documento también confirma lo que los padres de los 43 señalaron siempre, que el ejército tuvo mucho que ver desde el principio en lo sucedido aquella noche.
La lucha por el poder pasó por Ayotzinapa. Los de la 4t que se aprovecharon de esa desgracia a la que le sacaron jugo, hoy, se encuentran de pronto entre dos fuegos; su pasado, que siempre acusó como responsable al Estado, y el presente, que la parte señalada por los padres como participante, es la que sostiene como base a su gobierno; el ejército mexicano.
La nueva versión, como resultado de los nuevos estudios del caso, dejan ver una serie de anomalías que se encuentran enquistadas en todo el sistema de justicia, aunque en este momento se busca encarcelar a los que encabezaron la investigación, no tanto a los responsables; los padres de los normalistas podrían preguntar: ¿a dónde está la justicia que prometió López Obrador?
La verdad es que el caso Ayotzinapa, como lo fue el movimiento del 68, dejan al descubierto a cabecillas y líderes sociales que se aprovechan de esos eventos para empoderarse y mostrarse aparentemente como los únicos y auténticos defensores de esos movimientos. Vale señalar; ambos legítimos, pero de los que quieren firmar su autoría.
Lo que sí queda claro, es que ahora como autoridades carecen de escrúpulos y del menor pudor para librarse de los señalamientos como consecuencia de aprovecharse en su beneficio de esas tragedias que marcaron el corazón de los mexicanos, lo mismo que sucedió en otros casos como del apoyo que se pidió para los damnificados del temblor del 2017.
Hay culpables, y los padres de los jóvenes merecen resultados, y, sobre todo, saber cuál fue el destino de los 43 normalistas para que encuentren, al menos en ese propósito, paz. Porque no hay duda que seguirán luchando por ver que sean llevados ante la justicia a los responsables.
El caso se le complica al presidente que, por el temor de la reacción de los activistas, se resguardó en su palacio y solo le faltó poner fosos alrededor de su castillo con cocodrilos para no ser alcanzado por el reclamo de ellos, a los que sabe que les ha fallado.
Puede ser esta una de las causas por las que el mandatario emprendió una lucha sin tregua para mantener a las fuerzas armadas en las calles haciéndose cargo supuestamente de la seguridad del país más allá de su sexenio, hasta el 2028. Y que ya obtuvo, al doblar a priistas y perredistas.
En política no existen casualidades, y ésta no puede ser la excepción. La lucha desesperada en la cámara alta dio frutos en beneficio del tabasqueño y en perjuicio de los ciudadanos que crédulos votaron por los que pensaron defenderían sus intereses, sin sospechar que la naturaleza dicta que esos intereses pueden ser contrarios a los de los elegidos.
