El miércoles 22 de abril de 1992, la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, vivió escenas parecidas a las de un bombardeo. Una serie de 10 explosiones, iniciadas a las 10:05 horas en las calles de Independencia y Aldama, en el barrio de Analco, concatenadas en un periodo de 10 minutos dentro de un colector de drenaje, fueron suficientes para dejar devastadas varias calles de cuatro colonias del entonces denominado Sector Reforma. Las fuertes explosiones dejaron un saldo de 212 personas muertas, 69 desaparecidas y más de mil 800 lesionados. El desastre fue ocasionado por un derrame de gasolina del poliducto Salamanca-Guadalajara, en la colonia Álamo Industrial, perteneciente a la entonces empresa paraestatal Petróleos Mexicano. La magnitud e intensidad del evento rebasó la capacidad institucional antes, durante y después del incidente.
“Veías como si hubieran bombardeado”, narró Sonia Solórzano Romo, una de las personas sobrevivientes de aquel brutal desastre, en una de varias entrevistas que concedió recientemente, a 30 años de distancia. Sonia, quien entonces tenía 19 años, iba rumbo a su trabajo en el transporte público, cuando de pronto el camión donde viajaba se vio envuelto en una explosión que lo elevó algunos metros y cayó de lado. Como pudo salió y presenció escenas apocalípticas, propias de una guerra.
Trabajos periodísticos posteriores, documentaron que los ciudadanos, vecinos del sector Reforma, varios días antes de los incidentes habían reportado a las autoridades que de las alcantarillas se desprendía un fuerte olor a gasolina y que en algunos puntos se observó humo, pero los indicios fueron subestimados por las autoridades públicas de entonces. Incluso, un reporte indicó que 15 minutos antes de la primera explosión vecinos emitieron la alerta, misma que fue desechada por los Bomberos de Guadalajara. A 30 años de la explosión en el Sector Reforma de Guadalajara: “Veías como si hubieran bombardeado” - Infobae
Ocho años después del desastre, el 11 de diciembre del año 2000, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), mediante la Recomendación 16/2000, consignó que “un fuerte olor a gasolina se desprendía de las coladeras; se encontró que en una de las alcantarillas se podía apreciar perfectamente un caudaloso río de una sustancia que, salvo determinaciones técnicas, era gasolina; los técnicos de Petróleos Mexicanos fueron requeridos en el lugar y en un primer momento negaron que lo fuera, para después aceptar finalmente que efectivamente, se trataba de gasolina Nova y que su índice de explosividad era de aproximadamente 40%”.
https://cedhj.org.mx/recomendaciones/emitidas/2000/rec0016.pdf
La misma CEDHJ, en el seguimiento del caso, en el año 2020, mediante un Informe Especial, reportó que se tenía el recuento de mil 412 viviendas afectadas, 450 comercios, 100 escuelas, 600 vehículos y ocho kilómetros de calles dañadas. El costo por reparar asumido desde el día de los hechos y actualizado al año 2020, fue de 306,337,053 pesos, correspondiente al costo de demolición, limpieza, y reconstrucción. Los principales objetivos del referido Informe de la defensoría estatal fueron –aunque no lo crea, siguen pendientes de ser atendidos–: 1. Contribuir al esclarecimiento global de la verdad sobre las más graves violaciones de derechos humanos cometidas el 22 de abril de 1992; 2. Satisfacer el derecho al conocimiento de la verdad a efecto de contribuir a la no repetición de los hechos; 3. Investigar los posibles hechos delictivos a través de las autoridades competentes.
http://cedhj.org.mx/recomendaciones/inf.%20especiales/2020/Informe%20Especial%20Caso%2022%20de%20abril.pdf.
Eventos adversos como el descrito, además de provocar escozor y profunda pena por tantas vidas perdidas –impunes y sin el debido resarcimiento económico y social, además del nulo reconocimiento histórico–, son hechos que al día de hoy son absolutamente prevenibles con el marco legal, tecnológico y operacional con el que se cuenta actualmente en México, sin embargo, nos trae un mensaje de advertencia al siglo XXI, llamando nuestra atención sobre la negligencia, incapacidad institucional y falta de coordinación para la prevención de desastres que pueden presentarse, hoy en día, si no se aplican conceptos muy importantes plasmados en la legislación actual y que no deben ser soslayados, entre otros la responsabilidad social, certificación de competencias de los funcionarios, la participación social, la promoción de la cultura de autoprotección y de la consciencia de los riesgos y sus efectos, a los que el Estado está obligado a cumplir y promocionar.
La Ley General de Protección Civil (LGPC), actualizada en junio de 2012, es un marco legal novedoso, enfocado notablemente hacia la identificación, previsión y prevención de riesgos –con casi nula aplicación, hay que decirlo– que indica que los sujetos obligados tienen un marco legal robusto; una ley secundaria precisa y específica (el Reglamento de la LGPC); así como un Manual de Organización y Operación del Sistema Nacional de Protección Civil (julio de 2018), en donde se detalla la transversalidad de las operaciones de prevención, auxilio y recuperación en caso de desastres, que constituye una metodología muy práctica, con límites y alcances entre las instituciones federales, estatales y municipales, de la que no se pueden sustraer.
Nunca más un evento como el del Sector Reforma. De eso somos responsables todos. Como ciudadanos debemos conocer los riesgos que nos circundan y acercarnos a las Unidades Municipales de Protección Civil y el Heroico Cuerpo de Bomberos local para reiterarles su responsabilidad y ayudarles a cumplirla. Recuerde que el espacio más seguro lo hace usted. ¡Que su semana sea de éxito!
Hugo Antonio Espinosa
Fue Director del Heroico Cuerpo de Bomberos de Toluca,
Subdirector de Protección Civil e Inspección en la SCT Federal.
Actualmente es Subdirector de Emergencias en el Valle de Toluca, en la Coordinación General de Protección Civil, EDOMEX
