Como un balde de agua fría echado de sorpresa fue como recibieron decenas de empleados del Gobierno del Estado de México, la noticia de que serían liquidados y vueltos a contratar, pero ya no como trabajadores del gobierno sino por una empresa intermediaria, con lo cual se les acaba la esperanza de la jubilación, entre otras prerrogativas.
Esta figura de la subcontratación, que a todas luces se utiliza como mecanismo para abatir derechos laborales, ya está en marcha en diferentes dependencias, tanto con empleados de contrato temporal como con aquellos con plazas que permiten acumular antigüedad; lo anterior de acuerdo a testimonios de trabajadores de las secretarías de Medio Ambiente y de Desarrollo Urbano y Metropolitano.
Salvo algunas voces que han externado esta situación, la mayoría de burócratas aceptan la nueva contratación condicionada por las coordinaciones administrativas de las dependencias del Ejecutivo mexiquense; no hacerlo implicaría quedarse sin su fuente de ingresos. Sin embargo, al hacerlo, pierden la posibilidad de generar antigüedad y una jubilación con su respectiva pensión.
Esa es la ventaja que los gobiernos encuentran en la subcontratación: ahorrarse millones de pesos en el pago de pensiones.
Desafortunadamente, el trabajo de un empleado tercerizado no genera derechos en la empresa intermediaria a la que presta sus servicios, y la jornada, el salario, la estabilidad en el empleo y antigüedad, se ven afectados.
Abogados especializados en el ramo laboral, cuestionados sobre el tema, establecen que la subcontratación o tercerización es ilegal, porque la empresa para la que realmente labora el trabajador evade responsabilidades patronales y fiscales.
No obstante, este modo de contratación va en aumento tanto en el sector privado como en el público. De acuerdo al Informe de Censos Económicos 2014 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el outsourcing creció 48 por ciento en 10 años, por lo que se calcula que en México hay unos 4 millones 920 mil 641 empleados en esa figura.
Concluyo mi comentario semanal con un extracto del documento “El intermediario y el derecho del trabajo mexicano”, elaborado por la experta en Derecho del Trabajo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Martha Rodríguez Ortiz, que versa así:
“La intermediación ha sido una de las actividades más innobles de la historia, porque es la acción del comerciante cuya mercancía es el trabajo del hombre, para no decir que el hombre mismo, el mercader que compra la mercancía a bajo precio y la vende a una cantidad mayor, el traficante que sin inversión alguna obtiene plusvalía”.
