En la primera semana del año, sorpresa y estupor hicieron presa de los mexicanos. El martes 3 de enero en la madrugada se vivió la fuga sangrienta de 30 reos del Cefereso de Ciudad Juárez con un saldo de 17 muertos. En contraste, el lunes 2, la Corte elegía a la primera ministra mujer de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Judicatura, la Lic. Norma Lucia Piña Hernández, lo que se veía esperanzador y con apego al respeto a la división de poderes.
Pareciera que empezábamos el año con el pie derecho pero la captura de Ovidio Guzmán, por ser uno de los narcotraficantes que comanda uno de los dos carteles más importantes del país fue lo que cambió la semana. Su captura trajo consigo violencia y terror para los habitantes de Culiacán, la que de alguna manera se extendió a Mazatlán y a Los Mochis.
Llegamos al sábado 7 con el accidente de la línea 3 del metro capitalino, en el que resultaron 60 personas accidentadas y una fallecida, a pesar que los trabajadores venían señalando que la línea tenía problemas y estaba fallando. La Jefa de Gobierno de la CdMx, mientras, Claudia Sheinbaum, hacía campaña en Morelia; y el domingo 8 y lunes 9 el presidente de los EUA, Joe Biden y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau arribaban al AIFA para una reunión trilateral.
Hubo atisbos de independencia de la ministra Norma Piña con su discurso y sus primeros nombramientos, pero pronto regresamos a la realidad sangrienta con los datos que arrojaron Ciudad Juárez y Culiacán. En el primer caso, en la SCJN prevaleció el Estado de Derecho, la ley por encima de intereses facciosos. En el segundo y el tercero, el crimen organizado sometió a la población que quedó a merced de la delincuencia en Sinaloa.
Obligación del Estado Mexicano era salvaguardar la integridad de las personas y sus bienes, pero no, quedaron expuestos. Es claro que fueron daños colaterales, pero queda en evidencia la estrategia de “abrazos no balazos”. Habrá que dar seguimiento a los casos.
El lunes 2 de enero con la elección de la nueva ministra, soñamos que podíamos volver a ser un país de leyes en el que prevaleciera la libertad de expresión, que se protegería la integridad de los periodistas y del resto de la sociedad, vamos, a ser un Estado de Derecho como lo contempla la Constitución; pero parece que sólo fue un sueño.
