El 4 de octubre de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentaba el programa “La escuela es nuestra” como uno de los mejores del gobierno federal. Entonces, Esteban Moctezuma Barragán era el titular de la Secretaría de Educación.
Dijo que 20 mil millones de pesos, la mitad otorgada por los estados, se destinarían a las 170 mil escuelas del país. A las más pobres en una primera etapa. Orgulloso decía que los recursos los recibirían los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAPS), creados específicamente para recibir ese dinero y ejercerlo directamente, sin la participación de ninguna institución, para evitar la corrupción. Eso era la verdadera democracia, dijo en ese momento, lo mismo que Moctezuma.
En efecto, desde entonces, padres y madres de familia, además de los profesores y profesoras, reciben recursos para supuestas mejoras de los planteles educativos. Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación ha hecho observaciones de que el presupuesto ni se ha aplicado correctamente en las escuelas, ni se ha regresado a las arcas. Hay muchas irregularidades.
Pero lo más grave comienza a suceder. En ese entonces hubo advertencias de especialistas de que, el hecho de que fueran padres de familia y maestros los que manejaran el dinero, provocaría serios problemas en la calidad de las mejoras en la infraestructura educativa. El hecho de tener los recursos en mano provocaría querer hacer más con menos, sin la supervisión de un especialista, hablamos de arquitectos e ingenieros. Pero no fueron escuchados.
En el Estado de México sucedió la primera desgracia por este tema, algo que parece ha pasado desapercibido y se ha olvidado por parte de la Secretaría de Educación Pública federal. El 22 de marzo, en el Jardín de Niños “Ameyalli”, de Ecatepec, colapsó una estructura de concreto que cayó sobre una persona que realizaba labores de limpieza. La losa y castillos eran trabajos de autoconstrucción.
La construcción estuvo a cargo del Comité Escolar de Administración Participativa (CEAP), integrado por padres, madres de familia y docentes, quienes hicieron uso de los recursos asignados al plantel a través del programa federal “La escuela es nuestra”. La obra había sido concluida un mes antes. Sólo habían participado albañiles en ésta.
Había solicitado la rehabilitación total del patio, plaza cívica y readaptación de la cisterna. Por supuesto, todo fue realizado sin la norma establecida ni las condiciones. Hoy nadie habla de ello. La SEP se hizo de “la vista gorda” y no hizo pronunciamiento al respecto, porque es difícil llegar a los funcionarios federales responsables del programa en el Estado de México.
Apenas la legisladora mexiquense, Ana Lilia Herrera Anzaldo, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la SEP a que en las reglas de operación del programa se incorporen mecanismos de seguimiento, supervisión, vigilancia y evaluación de los recursos utilizados por los comités escolares para evitar que ocurran accidentes que pongan en riesgo al estudiantado, profesores y personal administrativo porque no hay supervisión en las obras y acciones desarrolladas por quienes no deben tener una responsabilidad tan grande.
El del jardín de niños de Ecatepec es apenas un ejemplo. El programa tiene más de tres años operando. Nada más hay que imaginar cuántas acciones se han realizado sin la orientación de especialistas. Ojalá no llegue a extremos esta situación y se deje pasar, porque hasta el momento la Secretaría de Educación Pública ha sido omisa.
Se dicen grandes ideas, pero parece que sólo han aumentado las irregularidades en el manejo de los recursos, pues no hay transparencia en el manejo. Pero, sobre todo, La Escuela es Nuestra se ha convertido en una bomba de tiempo. Hay gran peligro en los planteles escolares. La SEP tiene la responsabilidad de revisar lo que se ha hecho, con especialistas, antes de que ocurra una desgracia mayor.
