El lunes 21 de agosto por la tarde fue privada de la libertad la Agente del Ministerio Público de Coyuca de Catlán, en el Estado de Guerrero, la licenciada Patricia Jaquelín Salgado González. Un comando de 20 sujetos armados llegó a bordo de diez camionetas a las instalaciones ministeriales, de dónde sustrajeron a la funcionaria.
La incertidumbre de familiares y compañeros no podía ser para menos, ya que lo anterior es solo una muestra de la inseguridad que priva en todo el territorio nacional, principalmente en los Estados con fuerte presencia del crimen organizado, como lo es en la región de Tierra Caliente de Guerrero.
La Fiscalía General de Justicia de aquella entidad de inmediato armó un fuerte operativo para la localización de la abogada, en el que participaron Agentes de la Policía Ministerial, elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal, la acción representaba momentos cruciales para poder recuperar con vida a la MP.
Sin embargo, son varias las cosas que valen reflexionar al respecto. El grupo de 20 hombres armados llegó directo a privar de la libertad a la funcionaria que se encontraba dentro de las instalaciones de la fiscalía, que, de entrada, deberían garantizarle seguridad, sobre todo, por las funciones que desempeña para el cumplimiento de su deber; por lo que habría qué conocer cuántos elementos de la policía de investigación ministerial se encontraban en el lugar.
Es, solo el inicio de una valoración obligada de los acontecimientos que seguramente el titular de la dependencia se está encargando de realizar para informar sobre los avances de la investigación. No es asunto única y exclusivamente para el conocimiento del gobierno de Guerrero y su FGJ, porque el hecho inaudito coloca a toda la sociedad en alerta máxima.
¿Qué está sucediendo con el tema de la seguridad si fue un Ministerio Público, el que, con toda soltura fue extraído de sus oficinas demostrando que ya nadie se encuentra seguro, ni siquiera en su centro de trabajo en el que existen instalaciones, personal y armamento necesario para ofrecer aparentemente a la ciudadanía certidumbre en la procuración de justicia?
Las suposiciones que se han generado, apuntan a que fue la Familia Michoacana la que intervino en los hechos, aunque será el resultado de las investigaciones que confirmen o nieguen esta teoría, sin embargo, lo que debe llamar poderosamente la atención, es la reflexión respecto del alcance y atrevimiento que demuestra toda la acción.
¿Cuál es el límite?
La inseguridad da muestras de haber rebasado de calle al gobierno, y como se ha visto en otros asuntos que claramente son competencia de la federación, se exige su intervención, pues es la Fiscalía General de la República la que debería de atraer éste, como muchos otros casos similares, en los que interviene el crimen organizado.
Los abrazos y no balazos han llegado a límites insospechados, porque la impunidad los acompaña, y con ello, la escala de violencia va en aumento; a lo anterior, debe sumarse todo lo que se observa en lo largo y ancho del territorio nacional en el tema de inseguridad, la cual, con acciones como la que se comenta infunde inevitablemente pánico a la población.
¿Cuál fue la razón de la acción realizada en contra de la Agente del Ministerio Público?, para este caso, es necesario atender a las condiciones de la MP, pues tan solo contaba con 15 días laborando en la mencionada Agencia, antes estuvo en la de Chilpancingo, por lo que habrá de descubrirse si el interés se encuentra en la anterior o de la que fue sustraída.
El Estado debe actuar de inmediato y con todo el peso del poder que representa, de no hacerlo, habría muchos motivos para hacer suposiciones que no abonarán a su calidad. Pero, no es Guerrero; las acciones contundentes lucen por su ausencia, no se han hecho a pesar de que circulan por doquier imágenes en las que es enoticias que corren a diario, en ellas se da cuenta del temor que padecen elementos de seguridad, ya sean municipales, estatales o federales.
Sin embargo, no parece que pronto haya un cambio de rumbo en la estrategia que se implementó desde el inicio del gobierno federal, por lo que serán los Estados que, con sus propios recursos, hagan frente al problema, ya que los gobiernos municipales en varias de estas zonas calificadas como de algo riesgo claramente han sido rebasados.
Además, que, a pesar de la crudeza de lo ocurrido en Guerrero, no hay lugar en el que no se corra con un peligro similar, sin ir más lejos, en el Estado de México han sucedido hechos que han representado a través de los años graves riesgos para el personal del Ministerio Público; es el propio Fiscal General de la entidad quien debe conocerlos, porque seguramente que enterado de lo que pasó en Guerrero ya está trabajando en implementar medidas para mantener a salvo a su personal.
En el caso de no hacerlo, en adelante no puede caber la posibilidad de que se puedan ocupar argumentos como el: “fueron sorprendidos” o “en un hecho inesperado…”, es tiempo para reforzar las medidas de seguridad del personal, instalaciones, equipo y armamento, las zonas sur y norte de la entidad así lo demandan, pero el centro no puede estar excluido, ya que las acciones manifiestan la presencia de cédulas criminales, lo que tendrían que justificarlo.
