Aquella tarde del 26 de septiembre de 2014, los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, como lo hacían frecuentemente, se reunieron dentro del plantel para organizarse y movilizarse a la Ciudad de México, específicamente hacia la Estela de Tlatelolco, y unirse a la conmemoración por las víctimas de la matanza de estudiantes del 68. Eran alrededor de 150 jóvenes de entre 17 y 25 años de edad, quienes habían secuestrado un autobús para dirigirse, primero, a la ciudad de Iguala pero, ahí, justo ahí, ocurrió la tragedia. Desde ese día, hasta este momento, esos 43 de aquel 26 del 9 del 14, no aparecen.
Ni siquiera la verdad histórica expuesta por Enrique Peña fue creíble, tan así, que en agosto de 2022, fue detenido por la Fiscalía General de la República, el ex fiscal de esa misma dependencia y quien reveló esa verdad histórica, Jesús Murillo Karam, acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia. La sentencia vino de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y responsable de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, quien habló de que fue un crimen de Estado y presentó su propia verdad histórica, igualita a la de Murillo Karam. Hoy, hoy a 9 años de esa tragedia, 43 familias lloran la ausencia de sus hijos, anhelan saber que un día se abrirá la perta de su casa y entrarán. Temen que sus hijos en verdad hayan sido asesinados por criminales, quemados o incinerados después de haber sido ejecutados, y arrojados a un río, el de San Juan, en Cocula, Guerrero.
Tan enredado está este caso, que la propia Organización de Naciones Unidas, se deslindó de las diligencias realizadas por el director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, en las inmediaciones de ese río, donde supuestamente se hallaron los restos de uno de los 43 normalistas desaparecidos.
La promesa de Andrés Manuel de esclarecer estos lamentables hechos, no se cumplirá. La impunidad será siempre la mejor aliada del crimen organizado.
Y esto se suma a otros casos terribles en México, como el ocurrido aquel 19 de marzo de 2010, que marco a la comunidad escolar del Tecnológico de Monterrey, cuando miembros del ejército dispararon y asesinaron a los estudiantes Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, en el campus de Nuevo León y los acusaron de ser criminales. Nada más falso. El encubrimiento también sobresalió en la sultana. Por cierto, a 13 años del caso, se dio a conocer que en un mes y medio habría una sentencia por estos crímenes.
Pero nada será tan lamentable como lo sucedido ese 2 de octubre de 1968. Ese día, y tras una serie de protestas por el alumnado de las comunidades de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional, más de 300 estudiantes fueron asesinados por el Ejército de México durante los actos de protestas pacífica de 1968. La masacre ocurrió bajo el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, a sólo uno días de realizarse los Juegos Olímpicos en México.
Le diré algo –dice el periodista mientras bebe el último sorbo de la taza de su café americano sin azúcar- las fuerzas armadas mexicanas ha sido utilizadas y manipuladas por los gobiernos de este país, para cumplir misiones de odio. Nada más vil que eso, pero tampoco nada más criminal que intentar despojar de su valentía a quienes han ofrendado su vida por México, y eso no se paga regalándoles aeropuertos, estaciones ferroviarias, o extrañas policías... Recuerden aquel estribillo de nuestro himno: Guerra, guerra sin tregua, al que intente de la patria manchar los blasones! Mi twiter @raulmandujano
