El transporte público y de carga, vital para la movilidad diaria de millones, se encuentra molesto y han lanzado amenazas de paralizar con bloqueos parte de la zona metropolitana del Valle de México, por un problema que parece no tener fin: los abusos de las grúas y corralones.
Esta situación, que podría parecer menor en el panorama general de una metrópoli, revela niveles de corrupción y abuso tan flagrantes que es imposible ignorarlos. Cada vez que un vehículo es detenido, los conductores enfrentan cargas económicas exorbitantes. Y no, no es sólo una infracción. Hablamos de multas, arrastres y tarifas de corralón que dejan a más de uno en la ruina.
Pese a las múltiples manifestaciones de transportistas clamando por justicia, la red de gruyeros parece ser más poderosa que nunca. Se había advertido de un bloqueo en el Valle de México para hacer visible esta problemática, pero este acto de protesta se vio suspendido. Daniel Sibaja, secretario de Movilidad del Estado de México, no dudó en admitir que heredó una dependencia plagada de corrupción en áreas muy específicas. Una herencia, parece ser, de la administración anterior que dejó un panorama desolador en el tema de las grúas y corralones.
Pero no todo parece ser pesimismo. Sibaja advirtió que aquellos funcionarios corruptos no solo serán destituidos, sino que enfrentarán la ley. Habrá que ver si eso se convierte en una realidad, pues los ciudadanos desde siempre han pedido se castigue la corrupción. Durante una mesa de trabajo realizada con transportistas, se comprometió a escuchar sus inquietudes y trabajar en soluciones. Una promesa que, si bien suena alentadora, aún está por materializarse.
Aquí radica la gran paradoja: actualmente lo ilegal está legalizado, dice el nuevo secretario de Movilidad. Aunque parece un juego de palabras, la realidad es que mientras por un lado no se puede parar la actividad de los corralones debido a que se requieren tras constantes accidentes, por otro, solo cinco de estas empresas tienen concesiones legítimas. El resto opera en la sombra, sin regulaciones, cobrando tarifas exorbitantes e incluso, en algunos casos, por servicios no prestados. Pero aún las regulares cometen abusos.
Pero la realidad es que no sólo los transportistas sufren. El ciudadano promedio, ese que usa su vehículo para trasladarse al trabajo o llevar a sus hijos a la escuela, es igualmente víctima. Si "por casualidad" tienen un accidente, las grúas cobran tarifas absurdas, incluso cuando no se presta el servicio completo, incluso se apuran a enganchar los autos para cobrar como arrastre. Y si las partes involucradas en el accidente llegan a un acuerdo, la mera presencia de la grúa tiene un costo. Un sistema que premia el abuso.
El tema de abusos de las grúas y corralones no es algo que pueda seguir ignorándose porque se han convertido en grandes mafias. Representa un microcosmos de la corrupción y falta de regulación que afecta a muchos sectores del país. Es urgente encontrar soluciones, implementar reglas y, sobre todo, asegurarse de que aquellos que abusan de la confianza del público enfrenten las consecuencias. Por el bien de todos, esperemos que sea pronto y no se quede sólo en palabras.
La realidad es que muchos titulares de Movilidad y Transporte no han podido… o no han querido.
