Uno de los problemas de seguridad que más ha irritado al presidente Andrés López Obrador, es el número de desaparecidos; no es para menos, actualmente se cuentan más de 126 mil. Es por esa razón que, acostumbrado a ofrecer sus propios datos, anunció que se está llevando a cabo un censo casa por casa para obtener “el dato correcto”.
Para muchos, tal declaración es preocupante; quienes conocen las formas con las que se maneja el presidente no tienen duda que lo que busca es alinear la información con datos recabados por parte de áreas que han demostrado su efectividad para complacer al habitante de palacio nacional, ya que es la Secretaría del Bienestar y no la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la que lleva a cabo ese propósito.
Sin embargo, meter las manos en un tema tan delicado, no parece obedecer a la intención de preparar la estrategia para orientar una política pública de fondo con el fin de resolver el problema, porque no hay planeación que pudiera presumirse que va en esa dirección. Lo que intenta el presidente debería preocupar a los familiares de los desaparecidos.
¿Por qué debería preocupar a las familias de desaparecidos que sea el presidente el que pone la atención en esos números que no le gustan?
Porque corren el riesgo de desaparecer a los desaparecidos, nada más inquietante que eso, porque si para el gobierno no ha sido prioridad su localización, lo que en verdad le estorba es tener que manejar una cifra tan grande como la que actualmente se reporta.
Además, que, a pesar de ser un grave problema, no tiene prioridad ninguna, al observar que los estados de la República invierten solo 5 mil 925 pesos al año en la búsqueda de cada víctima de desaparición, eso quiere decir que solo el 0.02% de sus presupuestos se destina a las comisiones estatales de búsqueda, de acuerdo al medio informativo “Animal Político”.
Ahora bien, la intervención de una instancia no especializada y que únicamente cumple con el encargo de colocar la información como se las piden, usarán la misma fórmula que les ha dado resultado, como lo han hecho con otras, y sobre éstas se determina la decisión de eliminar supuestamente privilegios, como pasó con las guarderías infantiles.
Fueron varios los responsables de esos establecimientos que reportaron las anomalías que se cometían al llevar a cabo tal revisión, ya que, para reducir sustancialmente el número de los menores inscritos en ellas, fueron eliminados de las listas a los pequeños que por alguna razón no iban a clases ese día; ya fuera porque se reportaron enfermos, porque no habían llegado a tiempo o por cualquier otro inconveniente, sin escuchar explicación alguna; de un plumazo, se borraron sus nombres, como si no existieran.
Por esta razón, no es necesario ser mago como para poder imaginar que el mismo trato se le dará a las personas desaparecidas, lo peor de esta condición, es que, además de revictimizar a las familias, de manera perversa esos registros serán acomodados de forma diversa.
Con ello, se presentarán dos situaciones: el número de muertos no ha aumentado más que las cifras que maneja el gobierno federal a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, porque el de desaparecidos va en aumento.
En marzo de 2022 se difundieron imágenes que daban cuenta de lo que al parecer fue una ejecución múltiple a plena luz del día, de varias personas que habían asistido a un velorio en la localidad de San José de García, municipio de Marcos Castellanos, en el Estado de Michoacán. Hombres fuertemente armados dispararon en contra del grupo de personas que se encontraban con las manos en alto, las ráfagas duraron apenas unos segundos, cuando la imagen vuelve, no había cuerpos, desaparecieron entre el humo de las detonaciones. ¿qué fueron? ¿muertos o desaparecidos?
La segunda, es que al no haber un mecanismo sólido para proveer de recursos materiales y humanos para encontrar a las personas que no han sido localizadas, el peregrinar de las madres buscadoras no terminará, todo lo contrario, aumentará. Su vida es un calvario, hasta que logran encontrar a sus familiares ya sea con o sin vida, para acabar con ese martirio.
La visión de López Obrador va en otra dirección: “es muchísimo mejor poner al descubierto a todos estos farsantes que presentarles denuncia, imagínense, que al final terminan en el Poder Judicial, no, nos interesa que la gente sepa”, señaló.
¡Exacto! La politiquería en todo su esplendor. Si en verdad tiene la seguridad que la información que ofrece el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) es irregular, entonces, lo más sensato es abrir una carpeta de investigación y denunciar a quien haya que denunciar.
Pero no lo hará, porque en ese supuesto, la Fiscalía tendría que llevar a cabo una investigación seria, y eso no le conviene al tabasqueño, porque lo que él quiere es montarse en un espectáculo (otro más), para descalificar la cifra que le incomoda y de paso, darle un raspón al Poder Judicial.
La ex comisionada nacional de búsqueda Karla Quintana, alertó que la actualización del Registro no se está llevando a cabo por autoridades especializadas y su intención no es obtener la mejor información posible, sino reducir la cifra total de personas desaparecidas.
Por otro lado, el presidente aseguró que la información era manipulada para afectar a su gobierno, señalando que “Karla Quintana y otros que estaban manejando esto, forman parte de una organización supuestamente independiente, pero les puedo garantizar que de derecha” “no es cierto que haya 126 mil desaparecidos” y remató: “no hay más de 100 mil desaparecidos en México, con el censo “casa por casa” y que los desaparecidos se han encontrado y de manera muy irresponsable, de mala fe salían a decir de que habían más”.
Ya se puede usted imaginar cuál es la cifra que será reportada por el censo casa por casa.
