El contrato entre el gobierno de Panamá y la empresa canadiense First Quantum Minerals, a través de su filial Minera Panamá, ha desencadenado una crisis política y social en el país. Las masivas protestas, iniciadas el 23 de octubre de 2023, en oposición a la ley 406, que autorizaba dicho contrato, han causado paralizaciones nacionales, bloqueos de carreteras y pérdidas económicas significativas.
La oposición a este contrato surge de preocupaciones ambientales, económicas y de soberanía, y ha reunido a una amplia gama de la sociedad panameña, incluyendo indígenas, campesinos, trabajadores, maestros y jóvenes.
La rápida aprobación de la ley por el Parlamento, pese a la desaprobación pública y la falta de debate sobre las implicaciones ambientales, ha intensificado el descontento. Este movimiento contra la minería, que ha cobrado un carácter nacional, refleja el rechazo a las políticas tradicionales y la defensa del patrimonio ecológico. El 28 de noviembre, la Corte Suprema de Panamá declaró inconstitucional la ley 406, marcando un triunfo para los manifestantes y planteando la posibilidad de un cambio en el modelo económico de Panamá, alejándose de la minería.
Este conflicto se enmarca en un contexto de malestar social amplificado por la crisis del COVID-19, que agravó la desigualdad y la pobreza, y pone en evidencia las tensiones en un país tradicionalmente estable. La situación plantea desafíos significativos para el futuro político de Panamá, especialmente de cara a las elecciones presidenciales de 2024, donde aún no hay candidatos que parezcan capaces de canalizar el deseo de cambio expresado por la población.
Este conflicto en Panamá también se relaciona con un legado de resistencia contra la minería, que data desde la época colonial. La actividad minera ha sido un punto de tensión, especialmente entre las comunidades indígenas y campesinas. En la última década, la presencia de la minería en el PIB panameño ha aumentado significativamente, lo que ha generado resistencias locales que ahora se han convertido en un movimiento nacional.
Las protestas actuales reflejan no solo el rechazo a un contrato específico, sino también una oposición más amplia a un modelo de crecimiento basado en el expolio ecológico. Esto se ve enmarcado en un contexto más amplio de descontento social y político. La pandemia de COVID-19, junto con los efectos de la guerra en Ucrania y la inflación global, han exacerbado las desigualdades existentes y debilitado sectores económicos clave. El gobierno vio en la minería una solución a las dificultades financieras, pero esto se encontró con un fuerte rechazo público, que privilegia la protección ambiental sobre el crecimiento económico.
Las elecciones presidenciales de 2024 se presentan como un momento crucial para Panamá. La falta de candidatos que representen un cambio radical y la dificultad de la izquierda para conectar con la sociedad indican que el sistema político excluyente y elitista del país probablemente no experimentará un cambio significativo a corto plazo. Sin embargo, la reciente ola de movilizaciones y el fallo de la Corte pueden ser el inicio de una nueva cultura política más combativa y un aprendizaje orgánico para el futuro del país.
La crisis actual en Panamá es el resultado de una confluencia de descontento social, político y ambiental. La respuesta del gobierno y la sociedad a estos desafíos determinará el futuro político y económico del país, así como la sustentabilidad de su modelo de desarrollo.
Además, la crisis actual refleja una tensión entre la visión de desarrollo del gobierno y la percepción de la ciudadanía sobre la sostenibilidad y la soberanía nacional, lo cual es paralelo a las históricas luchas por la soberanía del Canal de Panamá, el cual: "más que una ruta de comercio, es un reflejo de la lucha de un país por equilibrar el progreso económico con la preservación de su patrimonio ecológico y su soberanía nacional".
