En aquel inusual año de 1994 Luis Donaldo Colosio expresaba, en sus pocas semanas como candidato oficial, frases como “cambiar el régimen político” y “reformar el poder”. Me iniciaba en las lides políticas y bien a bien no comprendía a qué se refería el malogrado candidato. Años después, diversas legislaturas (locales y federales) convocaron foros en los que se presentaron un sinfín de ponencias y, en gran parte por la presión ciudadana, creo que se logró un poco de avance en ese cambio de régimen político. Hoy, con la dinámica social y política que enfrentamos, se hace más urgente completar ese tan ansiado cambio.
En México el modelo presidencialista hace años que está en crisis, en parte porque el partido del titular del Ejecutivo no ha contado con mayoría en las cámaras (gobiernos divididos) y la falta de consenso ha dificultado considerablemente la toma de decisiones y esto incluye la actual legislatura. La Constitución de 1917 generó una gran expectativa porque diseñó un proceso de estabilización y crecimiento que mal que bien duró 7 décadas. Ese proceso estaba basado en la figura de un presidente muy fuerte. Al paso de los años el titular del Ejecutivo amplió sus atribuciones e incluso, al ser el jefe político del partido gobernante (“casi único”), recurrió a facultades metaconstitucionales. Una de esas facultades era, nada menos, designar a su sucesor.
Durante esas 7 décadas poco se movía y a pesar de ello en los años 50 y 60, el devenir democrático y los movimientos sociales que se presentaron, dieron origen a las grandes reformas político-electorales que actualizaron las viejas reglas de acceso al poder. La reforma constitucional de 1977 permitió la creación de partidos políticos y la representación proporcional en el Legislativo que empezó a abrir el sistema autoritario. Con la reingeniería constitucional de los 90 la transición democrática se consolidó y se vislumbró la pérdida de la hegemonía del partido “casi único”. En 1997, por primera vez en la historia, el partido gobernante pierde la mayoría legislativa en el Congreso de la Unión y se ve obligado a negociar con la oposición. La alternancia en el poder Ejecutivo llega en el 2000, pero la transición no adoptó una nueva constitución, ni planteó el cambio del régimen presidencialista al parlamentario. Finalmente, en este recuento, en 2014 se presentó la modificación a los artículos 74, 76 y 89 de la Constitución, para permitir la construcción de gobiernos de coalición, figura jurídica que es necesario reglamentar.
El 15 de noviembre del 2023 la senadora Xóchitl Gálvez presentó una iniciativa de ley que expone que los gobiernos de coalición son una figura jurídica que da mayores facultades al congreso para, entre otras cosas, participar en y ratificar las carteras del gabinete del Ejecutivo. Lo cierto es que en el país ya tuvimos un antecedente en la coalición legislativa de 2013 que se autonombró “Pacto por México”. También debemos mencionar a la coalición electoral que en 2021 se opuso a la renovada versión del presidencialismo autoritario y que se transformó en una coalición legislativa que detuvo diversas reformas constitucionales. Sin embargo, durante estos 27 años, muchas iniciativas que hubiesen impulsado el desarrollo del país fueron bloqueadas por cálculo electoral de los diversos partidos políticos.
En este contexto podemos ver que los gobiernos de coalición son una necesidad urgente porque representan una alternativa de gobernabilidad democrática en la que diversas fuerzas políticas tienen la corresponsabilidad de generar concesos para la toma de decisiones y diseño de estrategias de Estado, son una forma de asegurarnos que el gobierno esté presente. Los gobiernos de coalición son un instrumento para la ejecución de políticas públicas que atiendan problemas como la violencia y la falta de seguridad interior en busca de la paz.
Los motivos para reformar el poder son muchos, el principal, generar un nuevo pacto social con poder ciudadano. Un pacto que se conforme por múltiples minorías que reconcilie la pluralidad y que, con la riqueza de nuestra diversidad social, compartamos como nación un mismo rumbo. Se entiende así el crecimiento observado del pluralismo político y de una robusta movilidad social que han mostrado las clases medias en los últimos cinco años.
Hasta ahora las iniciativas electorales han quedado a deber en favor de una democracia robusta que implique un gran detonante para cambiar el antiguo modelo político. Prevalece en los mexicanos la idea, que en mucho proviene del partido hegemónico, de que el que gana, gana todo y el que pierde, pierde todo. Difícilmente tenemos presente la importancia de controlar el ejercicio del poder desde la ciudadanía y de la generación universal de oportunidades. Por su parte, los partidos políticos olvidaron su función educativa para la formación política y construcción de ciudadanos. Lamentablemente, sus estrategias suelen quedar en el aire y se han convertido en hoyos negros que absorben recursos públicos de forma acelerada.
Hoy es imperiosa la necesidad de actualizar las reglas. Acabar con el autoritarismo y la excesiva concentración del poder que da lugar a decisiones equivocadas, abusos y excesos. Los gobiernos de coalición otorgan una base constitucional plural entre el Ejecutivo, el Legislativo y los partidos políticos que en conjunto con la ciudadanía construyen una ruta virtuosa. De esta manera tenemos que los gobiernos de coalición:
1. Resuelven la problemática de los gobiernos divididos al abrir y compartir la tarea pública de manera plural, incentivan las mayorías estables.
2. Fortalecen la solvencia del gobierno para garantizar el cumplimiento de las demandas ciudadanas asumidas por los partidos políticos y sus candidatos al tiempo que aseguran que los cargos de responsabilidad sean ocupados por los perfiles idóneos (mujeres y hombres), sancionados por protocolos imparciales de selección.
3. Convierten la plataforma electoral de la coalición en programa de gobierno, base para la nominación y operación del gabinete plural como cuerpo colegiado, destinado a la generación e implantación de políticas públicas surgidas de los compromisos asumidos.
Por todo esto, ahora que tengo bien claro en qué consiste, yo sí quiero la reforma del poder, yo sí quiero empoderar ciudadanos, yo asumo mi corresponsabilidad en el proyecto de país y de municipio, solo faltas tú. ¿Te sumas?
*El autor es Maestro en Administración Pública y Política Pública por ITESM y Máster en Comunicación y Marketing Político por la UNIR.
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