Cuerpos de emergencia acuden a un incidente en el cual se indica la explosión de un tanque de gas al interior de un domicilio. Al llegar a la escena, paramédicos y bomberos asignados descubren que la onda expansiva lesionó a tres personas gravemente; de éstas, dos fueron trasladadas de inmediato al hospital de especialidad más cercano, con alta prioridad de atención; la otra, un masculino de mediana edad, desafortunadamente falleció en el lugar.
Para sorpresa del personal que atendió la emergencia, la explosión del tanque no fue de gas LP, como se presumía al estar dentro de una casa habitación, sino de un recipiente sujeto a presión con características industriales, es decir, un contenedor con capacidad de 3,000 litros aproximadamente, tipo salchicha, cuyo contenido era desconocido por quienes lo manipularon y, considerando que estaba vació y chatarrizado, al desconocer el tipo de producto alojado en su interior, le aplicaron calor para abrirlo, mediante el uso de un soplete, lo cual provocó un fuerte estallido. El impacto desfiguró el cuerpo de la persona fallecida y los restos del contenedor quedaron esparcidos sobre el patio del domicilio, el cual estaba habilitado como bodega-taller de almacenamiento de desperdicio industrial y chatarra.
Por fortuna, la explosión no causó daños estructurales evidentes en la casa habitación contigua al sitio del siniestro. ¿Qué hacía un contenedor de esas características en un domicilio? ¿Cómo se atrevieron a manipular un material peligroso, desconocido y recibido como chatarra? Pues resulta que dentro del domicilio se desarrollaban de manera clandestina actividades industriales de acopio, clasificación y procesamiento de desperdicio industrial, un giro económico de alto riesgo que por sus características está prohibido dentro de una casa habitación.
Un establecimiento que maneja desperdicios industriales y residuos peligrosos necesita cumplir con múltiples requisitos antes de obtener su Licencia de Funcionamiento Municipal, en primera instancia, debe alojarse en un predio fuera de la zona habitacional y su autorización requiere acreditar un uso de suelo industrial, permisos de diversa índole y medidas de protección y seguridad, tanto para las personas quienes ahí laboran, como para quienes lo visitan o tienen vecindad con el predio. Adicionalmente debe cumplir con obligaciones y restricciones medioambientales en términos de residuos peligrosos, daños a la salud, contaminación a la atmósfera, al subsuelo y las normas que establece la Secretaría del Trabajo Previsión Social, en este caso específico, sobre recipientes sujetos a presión.
La triste escena de emergencia, con un cuerpo inerte y desmembrado, en espera del Servicio Médico Forense, acompañado de un fuerte olor a quemado, bañado de tizne y algunos espacios todavía humeantes tras la explosión, carecía de todas las medidas mínimas de seguridad: no había extintores, rutas de evacuación, extractores, botiquín, separación de residuos y control de sustancias peligrosas. Desde luego no contaba con ningún permiso, licencia o documento probatorio de la operación regular del inmueble.
Si antes de ocurrir la emergencia, este giro clandestino hubiera sido revisado por alguna autoridad en las materias antes mencionadas, seguramente hubiera sido clausurado y suspendidas todas sus actividades inmediatamente; se hubieran fincado multas y ordenado cumplir con la normatividad aplicable, dentro de un plazo perentorio, antes de reiniciar sus actividades económicas nuevamente. Sin embargo, no hubo oportunidad para eso y, lamentablemente, la vida les cobró la multa más cara. Esto es también protección civil. ¡Que su semana sea de éxito!
Hugo Antonio Espinosa Ramírez
Funcionario, Académico y Asesor en Gestión de Riesgos de Desastre
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