“Una buena administración de justicia es costosa, una mala administración de justicia es más costosa todavía”, señaló el magistrado Ricardo Sodi en el tercer foro de los Diálogos Nacionales para la Reforma del Poder Judicial, que se realizó en la Legislatura del Estado de México.
Todo el mundo tiene los ojos en el Poder Judicial, todo el mundo nos hemos quejado de la tardanza de los procesos, de los trámites lentos, pero nadie repara que, en promedio, las entidades cuentan con 4.6 jueces por cada 100 mil habitantes y, particularmente el Estado de México tiene 2.8, muy lejos de la media internacional y de los estándares sugeridos de 18 jueces por cada 100 mil habitantes. Sin jueces y sin recursos para contratar más, la presión continúa para el sistema.
Alguien tenía que frenar los señalamientos ya desbordados desde hace algún tiempo, y poner en la mesa las reflexiones frente a tantas carencias en personal, instalaciones y equipo de los tribunales de justicia locales. Y fue el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, Ricardo Sodi, quien planteó que el debate debe darse en favor de la suficiencia presupuestal y de la sensatez en los gastos, además de su aplicación oportuna y transparente. Estamos hablando de la racionalidad del dinero que reciben.
Y es que hay que considerar que la suma del presupuesto de todos los poderes judiciales de los estados representa 40 por ciento del presupuesto del Poder Judicial federal. Querer racionalizar, cuando no se conoce de las verdaderas necesidades causaría un daño mayor, no al poder judicial, sino de la justicia a la gente.
El Poder Judicial local destina 75 por ciento de su presupuesto en personal, lo que resulta insuficiente para atender a más de 18 millones de habitantes, porque, como ya dijimos, son 2.8 jueces por cada 100 mil habitantes, cuando deben ser 18, de acuerdo con los estándares internacionales.
La propuesta de los poderes judiciales para fortalecer su autonomía presupuestal es la siguiente:
a) Incorporar a la Constitución General de la República el principio de que los presupuestos de los Poderes Judiciales locales sean progresivos e irreductibles, sin que puedan ser inferiores a 4 por ciento del presupuesto de egresos de la entidad correspondiente (actualmente son de 3 por ciento).
b) Crear el Fondo de Apoyo para la Impartición de Justicia en las entidades, reformando la Ley de Coordinación Fiscal, e incorporándolo al ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación.
c) Exentar a los poderes judiciales locales de los límites de 3 por ciento que la Ley de Disciplina Financiera fija como máximo de aumento al Capítulo 1000, a efecto de poder incrementar el número de servidores judiciales a la velocidad que las condiciones sociales requieren.
Al final, el mejorar las condiciones de los poderes judiciales resulta urgente. Ojalá eso lo entiendan los legisladores, quienes deben comprometerse a analizar verdaderamente las necesidades. Esa es su tarea.
