La justicia es uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática. Sin embargo, en muchos casos, la interpretación de las leyes por parte de los juzgadores puede generar controversia y desigualdad. La razón principal detrás de esta situación es la ambigüedad y la falta de claridad en las leyes, lo que deja un amplio margen de interpretación discrecional a los jueces. En este sentido, si las leyes fueran claras y ajustadas a la Constitución, se podría reducir significativamente el margen de interpretación discrecional de los juzgadores, garantizando una mayor igualdad y justicia para todos.
La Constitución establece los principios y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Las leyes, por su parte, deben ser coherentes con la Constitución y establecer normas claras y precisas para regular la vida en sociedad. En muchas ocasiones -por no decir que en la mayor parte de los casos- las leyes son ambiguas, contradictorias o incompletas, lo que deja espacio para la interpretación subjetiva de los jueces. Esto puede llevar a decisiones judiciales que no siempre se ajustan a la voluntad del legislador o a la Constitución, lo que puede generar inseguridad jurídica y desigualdad.
La claridad y la precisión en las leyes son fundamentales para garantizar que los jueces no tengan que improvisar o tomar decisiones basadas en su propia opinión o conveniencia. Las leyes deben establecer normas claras y precisas que no dejen lugar a duda o ambigüedad, de esta forma, los jueces podrán tomar decisiones basadas en la ley y no en su propia opinión o criterio personal.
La claridad y la constitucionalidad de las leyes también puede reducir la politización de la justicia. Cuando las leyes son ambiguas, los jueces pueden ser influenciados por intereses políticos o ideológicos, lo que puede llevar a decisiones que no se ajustan a la justicia y la equidad.
La politización de la justicia debe iniciar con una gestión profesional de los legisladores, en la generación de normas de calidad, que sean justas y como consecuencia, su aplicación en una controversia, sea clara para los jueces y sobre todo, para la ciudadanía.
Es clara la necesidad de una reforma judicial profunda, pero ésta debería de analizarse y de acompañarse con legisladores profesionales.
Además, es fundamental que los legisladores tengan una visión a largo plazo y no se dejen llevar por intereses políticos o personales. La justicia debe ser independiente y autónoma, y los jueces deben tener la libertad de tomar decisiones basadas en la ley y no en presiones externas.
La transparencia y la rendición de cuentas también son clave en este proceso. Los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se toman las decisiones y quiénes son los responsables de ellas. La opacidad y la impunidad solo generan desconfianza y frustración en la población.
Por otro lado, la capacitación y el desarrollo profesional de los jueces y funcionarios judiciales es crucial para garantizar que la justicia sea administrada de manera imparcial y eficiente. La educación en derecho y la especialización en áreas específicas pueden ayudar a reducir la influencia de la politización y mejorar la calidad de las decisiones judiciales.
La justicia requiere un enfoque integral que abarque la mejora de la legislación, la capacitación de los jueces y funcionarios, la transparencia y la rendición de cuentas, y la independencia y autonomía del poder judicial.
Me encantaría que las problemáticas sociales se resolvieran con reformas legales, pero no es así. Debemos profesionalizar la gestión pública en su conjunto, poniendo al centro de todo a las personas.
La profesionalización de la gestión pública es fundamental para abordar de manera efectiva las problemáticas sociales. Las reformas legales son importantes, pero no son suficientes por sí solas. Es necesario que las personas servidoras públicas, legisladoras y juzgadoras tengan la capacitación, la experiencia y la ética necesarias para implementar y aplicar las leyes de manera justa y equitativa.
Es crucial que sean capaces de analizar los problemas sociales de manera objetiva y no ideologizada, que tomen decisiones basadas en evidencia y en el bienestar de la sociedad en general, en lugar de en intereses políticos o personales.
Poner al centro de todo a las personas es clave en este proceso. Los órganos gubernamentales deben ser capaces de escuchar y entender las necesidades y preocupaciones de la sociedad, y de responder a ellas de manera efectiva. La gestión pública debe ser centrada en el ciudadano, y no en intereses políticos o burocráticos.
Crear, implementar y aplicar las leyes de manera justa y equitativa, y que pongan al centro de todo a las personas es el mayor reto de cualquier sociedad.
Solo de esta manera podemos trabajar hacia una sociedad más justa y equitativa para todos.
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