La reciente propuesta de reforma contra el maltrato animal presentada ante el Congreso de la Unión por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha generado un debate crucial sobre el futuro de la protección de los animales en México. En un país donde el maltrato animal sigue siendo una realidad cotidiana, la posibilidad de incluir la protección de los animales en la Constitución es un paso significativo hacia un cambio en la percepción y tratamiento de los seres vivos no humanos.
La iniciativa contempla modificaciones a tres artículos clave de la Constitución: el artículo 3, que busca incluir la protección de los animales en los planes de estudio; el artículo 4, que prohíbe el maltrato y obliga al Estado a su protección; y el artículo 73, que faculta al Congreso a expedir leyes para prevenir y sancionar el maltrato animal. A primera vista, estas medidas parecen marcar un avance en la concienciación sobre el respeto hacia los animales. La propuesta es trascendental, como menciona la académica Ana María Ramírez Sánchez, en tanto que establece la protección animal como un derecho constitucional y, además, promueve la educación sobre el buen trato hacia los animales.
No obstante, aunque estas reformas son un paso adelante, presentan limitaciones que no pueden ser ignoradas. La reforma sigue siendo antropocéntrica y antroposupremacista, es decir, coloca al ser humano en el centro de la legislación, regulando el trato hacia los animales en función de su vínculo con las personas. Esto es problemático porque implica que los animales se siguen considerando en términos utilitarios, dependiendo de su relación con el ser humano, y no como seres con valor intrínseco. La verdadera protección animal implica reconocer a los animales como seres sintientes, con derechos y necesidades propias, independientes de su utilidad o proximidad a las personas.
Uno de los mayores desafíos que enfrenta esta reforma es la necesidad de la llamada “descodificación” de los animales. Actualmente, el marco jurídico mexicano considera a los animales como bienes "semovientes", es decir, objetos con capacidad de movimiento. Esta categorización los reduce a la categoría de propiedad, lo que facilita su explotación y maltrato. Si bien la reforma propone castigar el maltrato, aún existen desafíos en torno a la naturaleza jurídica de los animales, perpetuando una visión en la que los animales son tratados como objetos, en lugar de como individuos con derechos.
Este enfoque plantea una contradicción fundamental: mientras que las leyes de protección animal consideran a los animales como seres sintientes, su tratamiento legal sigue viéndolos como bienes.
Para que las reformas propuestas tengan un impacto real, es necesario que el marco jurídico reconozca a los animales como sujetos de derecho, no como objetos de propiedad. Solo de esta manera se puede garantizar una verdadera protección.
Uno de los aspectos más valiosos de la iniciativa es su enfoque en la educación. La inclusión de la protección animal en los planes de estudio desde la educación básica es una oportunidad para sembrar una conciencia más profunda sobre el respeto a los seres vivos.
Es fundamental que los programas educativos vayan más allá de esta visión y promuevan el reconocimiento de los animales como seres con derechos propios. El cambio cultural que México necesita no se logrará si no enseñamos a las futuras generaciones a ver a los animales como individuos con intereses y capacidades, y no simplemente como recursos o propiedades.
La propuesta de reforma contra el maltrato animal es, sin duda, un avance importante. Incluir la protección animal en la Constitución es un paso hacia la visibilización de este tema y hacia una mayor concienciación social. Sin embargo, no es suficiente. Para que estas reformas realmente protejan a los animales, es necesario un cambio más profundo en la forma en que se les percibe y trata dentro del marco jurídico y social.
La "descodificación" de los animales y el reconocimiento de su valor intrínseco, independientemente de su relación con los humanos, son pasos cruciales para lograr una verdadera justicia para los seres no humanos. Además, se necesita un enfoque más proteccionista, que no solo regule su explotación, sino que reconozca sus derechos y les otorgue una categoría jurídica que los defienda de manera efectiva.
La reforma propuesta es un comienzo, pero queda mucho camino por recorrer. La verdadera protección animal no se logrará solo con leyes, sino con un cambio en nuestra cultura y en la forma en que nos relacionamos con los demás seres vivos. Como sociedad, debemos exigir reformas que vayan más allá de lo regulatorio y que busquen un trato justo y respetuoso hacia los animales, no solo como parte de nuestro entorno, sino como seres con derechos propios.
