Cada 28 de septiembre, conmemoramos el Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro. Es una fecha que no solo pone en el centro del debate público el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, sino que también nos recuerda las deudas pendientes de nuestros sistemas legislativos. En este sentido, el Estado de México se encuentra en una encrucijada moral y política: ¿seguirá postergando una decisión que afecta la vida, la salud y la dignidad de las mujeres?
La nueva legislatura mexiquense tiene ante sí la posibilidad de marcar un punto de inflexión histórico, aprobando la interrupción legal del embarazo (ILE) en favor de los derechos reproductivos de las mujeres. La legalización del aborto no es solo una cuestión de salud pública, sino también una lucha por la integridad y dignidad de las personas gestantes. Negar este derecho perpetúa desigualdades, sobre todo para aquellas en condiciones de vulnerabilidad económica o social que, sin acceso a un aborto seguro, se ven forzadas a poner en riesgo sus vidas en procedimientos clandestinos.
El contexto nacional ha avanzado, con estados como Ciudad de México y Oaxaca reconociendo este derecho. La pregunta es: ¿por qué el Estado de México, una de las entidades más pobladas del país, sigue postergando esta decisión? El avance hacia una sociedad más justa e igualitaria exige que pongamos el derecho a decidir de las mujeres como un principio inquebrantable de libertad y autonomía.
Sin embargo, resulta inevitable señalar la ausencia de un pronunciamiento claro por parte de algunas instituciones que, por su naturaleza, deberían jugar un papel central en este debate.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), con una trayectoria en la defensa de los derechos fundamentales, no ha emitido hasta ahora una postura firme sobre la interrupción legal del embarazo. En un contexto donde este tema ocupa un lugar destacado en la agenda pública, su silencio no deja de generar expectativas. Reconocemos el trabajo que la CODHEM ha realizado en otras áreas, pero es fundamental que se aborden temas como el aborto, que claramente tocan principios esenciales de derechos humanos. La protección de la vida, la salud y la libertad de las mujeres no puede ser vista como un tema controversial o incómodo, sino como una cuestión inaplazable para cualquier institución comprometida con la igualdad y la justicia.
La neutralidad en este tema no es una opción. Las mujeres en el Estado de México no pueden seguir esperando una respuesta, no pueden seguir enfrentando barreras que atentan contra su dignidad y su vida. La aprobación de la ILE debe ser prioritaria para la nueva legislatura, que tiene la obligación de legislar en favor de los derechos humanos y garantizar que ninguna mujer sea criminalizada por ejercer su derecho a decidir sobre su propio cuerpo.
Es hora de que el Estado de México avance hacia un horizonte donde la libertad y la igualdad de las mujeres no sean una promesa vacía, sino una realidad palpable. Las mujeres deben ser las dueñas de sus cuerpos, y la legislación debe reflejar ese principio inalienable. Las voces que permanecen en silencio también son responsables de la desigualdad que perpetúan. El llamado a la CODHEM, y a todos los actores involucrados, es claro: posicionarse del lado de los derechos humanos no es una opción, es una obligación.
