Hace unos días la presidenta Claudia junto con Omar García presentaron la estrategia nacional de seguridad pública que se centra en cuatro ejes principales: 1) atención a las causas, apoyo a las familias vulnerables, cerrar brecha de desigualdad y evitar que los jóvenes caigan en las redes del crimen organizado; 2) consolidación de la guardia nacional, 133 mil nuevos elementos para combatir el poder del fuego de la delincuencia; 3) fortalecimiento de la inteligencia e investigación, creación de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial en coordinación con la Fiscalía General de la República y 4) consolidación del gabinete de seguridad en coordinación con los estados, colaboración con la fuerzas estatales y federales.
No obstante que la estrategia se parece mucho a la que, en su momento, realizó Felipe Calderón (el objeto de todos los odios de la cuarta transformación) por medio de Genaro García Luna, Claudia señaló, reiteró, que no regresará la “guerra contra el narco”. Al respecto voces como la México Unido contra la Delincuencia, dijeron que la estrategia puede ser controversial: fortaleces a las policías o fortaleces la militarización. Y Francisco Rivas del Observatorio Nacional Ciudadano, dijo que no hay nada nuevo, y hace falta establecer cómo recuperar las policías municipales y fortalecer sus capacidades.
Llama la atención que consideren a la pobreza como una de las principales causas de la violencia que padecemos desde hace años, esto no es así. Las causas pueden ser de diversos tipos: a) sociales: sí, la pobreza, pero también la desintegración familiar, la fragmentación social, la asimetría económica y la desigualdad social; b) institucionales: fallos en la normas y procedimientos jurídicos, deficiencias en la administración de justicia y deficiencias en el sistema policial y de control social y c) entorno físico: ciudades sucias y desordenadas, alumbrado público deficiente, por señalar sólo algunos.
La pobreza no es la principal causa de la inseguridad como lo señalé en una anterior columna (La ventana rota de la polarización). En ese texto me referí al experimento de dejar una camioneta en el Bronx, sin matrícula y con las puertas abiertas. En tres días no quedó casi nada del vehículo. El autor del experimento igualmente dejó una camioneta en Palo Alto California y en una semana no pasó nada, hasta que decidió romperle una ventana y, al verla en mal estado, fue desvalijada. Las camionetas desvalijadas mostraron que la pobreza no es la principal causa de la inseguridad. Las condiciones sociodemográficas y el descuido de las autoridades para hacer prevalecer el estado de derecho sí lo son y muy poderosas. Y, dicho sea de paso, esa será la consecuencia más grave de la destrucción del Poder Judicial.
Como dice el dicho, “entre más seguro más amarrado”. Una política pública de seguridad ciudadana debería considerar, al menos, dos aspectos. Primero, prevención para evitar y disuadir el delito, que debe considerar aspectos sociales como educación, deporte, empleo, valores humanos y cultura de la legalidad. También importa la visión situacional como la videovigilancia con inteligencia artificial y otros tipos de tecnología, así como el patrullaje policial, que vale señalar lo pueden hacer mejor las policías municipales, por el conocimiento del entorno social y territorial que ya tienen, pero requieren fortalecimiento institucional como recursos y capacitación.
Un segundo aspecto sería la contención del delito y me refiero con esto a evitar la impunidad, de ahí que se requiere fortalecer tanto a las policías estatales y municipales, como a las policías ministeriales para que realicen investigaciones rápidas y tengan la capacidad de integrar adecuadamente los expedientes que se presentan ante los jueces. Elevar el número de incautaciones y reparaciones del daño; fortalecer los sistemas estatales de administración de justicia (fiscalías) para que los poderes judiciales locales cuenten con todos los elementos para llevar a cabo juicios justos y emitir condenas y, finalmente, tener prisiones que sean centros de reinserción.
A las y los ciudadanos nos corresponde continuar con la exigencia del respeto al estado de derecho (empezando por nosotros mismos), además, de hacer vigente la democracia con la participación ciudadana en la vigilancia del actuar policiaco y la denuncia de las faltas a la ley que se cometan en nuestro entorno cercano para fomentar un espacio social armónico y ordenado sea compartido por todos como una verdadera comunidad.
*El autor es Maestro en Administración Pública y Política Pública por ITESM y Máster en Comunicación y Marketing Político por la UNIR.
