En los últimos días, 18 Congresos locales del país aprobaron la extinción de los siete órganos autónomos, cuyas funciones ya fueron trasladadas a otras dependencias dependientes del Poder Ejecutivo, aunque desde varias ópticas deberían ser independientes.
Pero aquí, más allá de tomar postura a favor o en contra, vamos a exponer brevemente cuáles desaparecen y cómo quedaron repartidas las tareas que realizaban.
Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) → Funciones trasladadas a la Secretaría Economía.
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) → Funciones trasladadas a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
Comisión Reguladora de Energía (CRE) → Funciones trasladadas a la Secretaría de Energía.
Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) → Funciones trasladadas a la Secretaría de Energía.
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) → Se traslada la tutela de acceso de derecho a la información y protección de datos personales a la Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción (antes era la Secretaria de la Función Pública), al órgano de disciplina del Poder Judicial, a los órganos de control de los organismos constitucionales autónomos, a las Contralorías del Congreso de la Unión y al Instituto Nacional Electoral, en lo que compete a partidos políticos.
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) → funciones trasladadas al Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).
Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) → funciones trasladadas a la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Cabe recordar que estos órganos eran entidades públicas independientes a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que en su momento sumaron al clima político para fortalecer la vida democrática del país, ya que sus rasgos independientes les permitieron operar como contrapeso del régimen, lo cual tampoco garantizaba su imparcialidad, pero como contrapesos, funcionaron.
El principal argumento para eliminarlos se basó en que ello permitirá un uso más racional de los recursos públicos que estos entes recibían anualmente, lo cual esperamos así sea.
