Para terminar con este importante tema, es fundamental comentar que, concluidos los conversatorios, será primordial el resumen de todo lo expuesto en ese espacio que se abrió en el Senado de la República; para entonces sí, ya en un siguiente periodo extraordinario de sesiones, terminar de una vez por todas con estos trabajos. Sin embargo, lo medular no es finalizar lo antes posible, sino obtener el mejor producto, y este sería una ley que beneficie a todos y cada uno de los segmentos de la población, partiendo de que las telecomunicaciones y la radiodifusión son servicios públicos de interés general y son el vehículo para la habilitación de otros derechos fundamentales; es decir, aquellos conocidos en el ámbito digital como de segunda generación y que, en muy buena medida, un aspecto crucial lo constituye la reducción de la brecha digital.
Debo aclarar que el comentario anterior lo hago basado en la realidad que tenemos en este momento; dicho de otra forma, el gran avance del curso legislativo de la reforma. No obstante, también enfatizar que, de ninguna manera, estoy de acuerdo en la forma en que se planteó la iniciativa, sin un diálogo social previo que permitiera encontrar mayores y mejores opciones, que es lo que el sector y el país necesitan en estos tiempos.
De tal forma que el dictamen será discutido nuevamente en comisiones del Senado; ese es el espacio en el que se presentará la información recabada para modificaciones, correcciones o adiciones a algunos artículos, para posteriormente someter a aprobación el dictamen y, entonces sí, ser trasladado al pleno de las Cámaras Alta y Baja en un periodo extraordinario.
Debo apuntar que esta reforma se da en un momento de desaceleración de la inversión de las grandes empresas de telecomunicaciones, en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) del país; situación a la que, desde mi particular punto de vista, se le pueden dar dos lecturas. La primera de ellas, como reflejo de la regulación vigente, que con la imposición de forma permanente de las medidas asimétricas al preponderante, ha inhibido la inversión de este y, por parte de los competidores, han caído en la zona de confort mediante la utilización de la infraestructura pasiva del incumbente, convirtiéndose en “operadores perezosos”.
La segunda lectura que ubico es una estrategia de las empresas ante la iniciativa de reforma, que contempla como objetivos la disminución del precio del espectro radioeléctrico —situación que vienen promoviendo desde hace ya algún tiempo—, la evasión de la responsabilidad social en el aumento de la cobertura y conectividad y, en contrasentido, el establecimiento de nuevas reglas para la participación del Estado en la provisión de los servicios; situación que ciertamente ha tomado un cauce indebido. Muestra de ello, el rescate y reconfiguración de la empresa Altán Redes, operadora de la Red Compartida de los 700 MHz, que prácticamente ha pasado a la tutela de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y que se pretende lleve servicios minoristas, que, con espectro otorgado para proveer servicios mayoristas, representaría una competencia inequitativa.
En días anteriores se ha anunciado un periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, a desarrollarse entre el 9 y el 17 de junio, y será ahí donde veremos si realmente se modifican o eliminan varios artículos de la iniciativa o simplemente se cumple con el retiro del artículo 109, relativo a las plataformas digitales.
En otros temas que muy pocos han mencionado, pero que son importantes a destacar, se encuentra la corta visión sobre los objetivos de la reforma, ya que en la exposición de motivos se coloca al nearshoring como estructural, cuando en realidad sí es significativo en este momento; es decir, sí se le debe dar un peso, más debe considerarse que es un fenómeno que en el país no ha terminado por aterrizarse, por lo que ustedes gusten y manden, y en consecuencia, hasta el momento no es medible ni cuantificable.
Otro aspecto toral que no fue considerado en la reforma es el relativo a los derechos de los trabajadores del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), mismos que cuentan con derechos adquiridos y deben ser respetados; de forma tal que no debieran estar mendigando la atención de los Diputados y Senadores. Es decir, incluir este asunto no como una prerrogativa, sino en la esfera de respeto irrestricto a los derechos laborales.
Finalmente, se debe tener claro que este sector, como ya lo hemos dicho en ocasiones anteriores, es un eje transversal para el desarrollo del país; de ahí mi insistencia en la elaboración de un nuevo entramado que piramidalmente nazca desde el Plan Nacional de Desarrollo (PND), reforma constitucional, diseño de política pública digital y estructura a través de planes y programas. Todo lo anterior con la finalidad de llevar a México al mundo de las economías digitales.
Veremos cuál es el desenlace; ojalá sea el mejor para el presente y futuro de todas y todos.
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