En un país donde la corrupción lleva la delantera, han reformado el artículo 19 de la Constitución Política en materia de prisión preventiva.
Se amplió el catálogo de delitos que lo ameritan, según dicen, con la idea de fortalecer el sistema penal y que vuelva la paz a este país, sí con una simple reforma, no con la prevención del delito, ni de mejorar los recursos de la educación.
Los delitos como la extorsión, producción y distribución de drogas, lavado de dinero por cualquiera de sus medios, ameritarán que las personas vayan a la cárcel.
Morena encabeza esta reforma, porque al parecer va en avanzada contra la Constitución, intentando por todos los medios poner un alto al caos que se ha desatado en todos los estados.
En su versión positiva, imagino que sin miramientos llevarán a los criminales a la cárcel, para evitar que puedan atacar a quienes los acusan o que escapen a otro país.
Sin embargo, esto se podría convertir en una cacería de brujas, donde se limiten a encarcelar y a desbordar el sistema penitenciario que a investigar los delitos de fondo.
Pero ¿qué digo? Eso nunca se ha hecho. Pongamos por caso, el joven que distribuyó fotografías de estudiantes del IPN y las transformó por medio de inteligencia artificial, ya está afuera. La justicia en este país hace mucho que es una veleta y justo estas reformas están soplando para que navegue sin sentido.
Por un lado, entiendo que sea urgente parar la venta de drogas, sobre todo ante la amenaza de Trump de declararnos un país terrorista, por albergar narcotraficantes. Sin embargo, quién nos asegura que no se criminalice a personas inocentes.
De acuerdo, al diario La Razón, una parte significativa de las personas encarceladas enfrenta problemas de justicia debido a fallas en el sistema penal.
En una encuesta realizada por el INEGI, en 2023, el 37.3% de las personas privadas de su libertad estaban en prisión sin haber recibido sentencia. Dentro de este grupo, 44.3% estaban bajo prisión preventiva oficiosa, mientras que 32.5% bajo prisión preventiva justificada, lo que muestra que muchas personas son detenidas sin una resolución judicial definitiva. Y adivinen qué, muchas de estas acusaciones fueron falsas, los arrestos no llevaban órdenes judiciales y los procesos son tan largos, que muchos pierden años valiosos de su vida sin entender el porqué del ataque a su libertad.
Ni mencionar las cárceles que tenemos, donde se sufren vejaciones, extorsiones y sabrá que más. Basta recordar que no hace mucho en el penal de Coatlán del Río, registró una alarmante cifra de suicidios; en noviembre de 2024, se reportaron seis casos, y entre 2022 y 2024, sumaron 19. Este centro es una de las 10 prisiones federales exclusivas para mujeres en México y ha sido señalado por negligencia en la atención de la salud mental, condiciones de aislamiento, falta de medicamentos y ausencia de redes de apoyo para las internas. Y eso solo es una mirada de soslayo a lo que tenemos.
Diría mi mamá, no se puede construir sobre lo destruido, para que haya un buen sistema judicial, primero tendría que existir.
