Iniciamos ya el tiempo de las promesas y ofrecimientos en diferentes materias; sin embargo, todos los candidatos, estoy seguro, hablarán del tema de temas: la seguridad. Al mismo tiempo, todos los votantes estarán esperando las verdaderas propuestas ante la necesidad de vivir tranquilos y con paz social.
Constitucionalmente, el Estado está obligado a otorgar seguridad a la ciudadanía y se ha convertido en un derecho fundamental de todo ser humano. Nos preguntamos: ¿qué ha fallado durante muchos años para que los gobiernos logren mantener el Estado de derecho y la paz de la que hablamos?, ¿qué hace falta para que los ciudadanos gocemos de esa tranquilidad que necesitamos para nuestro desarrollo social e individual y cuál será la fórmula mágica?
No existe tal fórmula mágica; sin embargo, un conjunto de acciones erróneas ha limitado la acción gubernamental para lograr la seguridad anhelada.
Hablaremos el día de hoy de la temporalidad de estas acciones y por qué, aunque muchas son correctas, fracasan. Los programas y acciones de seguridad pública no pueden tener límites de tiempo, ya que funcionan con la constancia de su aplicación y con el paso del tiempo a través de la obtención de resultados y su corrección en caso de ser necesario.
Pero ¿qué sucede cuando lo que funciona, de repente se deja de hacer por el término de un trienio o sexenio?. Lógicamente lo que funciona dejan de hacerlo para probar nuevos métodos que seguramente cuando funcionen nuevamente dejarán de ponerse en práctica por el término de una administración. Este es uno de los flagelos de la Seguridad Pública y cuando se realizan los cambios de Gobierno se modifican radicalmente las políticas públicas, pensando que lo que hacía el anterior está mal y lo que yo haré será la solución al problema.
Si analizamos el Gobierno Federal, ya se ha cambiado en varias ocasiones de nivel el área encargada de la Seguridad Pública; de Comisión ha pasado ya en dos ocasiones a Secretaria y de la misma manera ha bajado su rango en dos ocasiones, lo que causa, sin lugar a dudas, una gran desestabilidad y cambio de objetivos al vapor.
En materia de Seguridad, las políticas públicas deben ser transversales, tocando todas las áreas de la administración pública y, sobre todo, aquellas que dan buen resultado deben ser permanentes y no sólo una ocurrencia de quien recibe una responsabilidad.
Por eso es importante que quienes elaboren los programas de seguridad en los próximos ayuntamientos, gobiernos estatales y federal, sea un grupo de expertos en la materia y en diferentes ámbitos; en la academia, las áreas de investigación, las áreas jurídicas y, sobre todo, en materia operativa y de prevención. Pero también deben crearse las condiciones para que estos programas ya probados subsistan en el tiempo y blindarlos contra esos cambios de trienios o sexenios.
Por cierto; en el Estado de México la antigua Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito, evolucionó hasta convertirse en Secretaría, esperemos que así se conserve.
