Comenzó el periodo de campaña en la elección de jueces, magistrados y ministros a nivel federal y en 17 entidades federativas. Como ocurre en el ámbito electoral, las campañas pasaron rápidamente del optimismo de quienes las encabezan a la descalificación de otros y, como ocurre en el sistema de partidos, por un lado, hay argumentos de que algunos candidatos encarnan los valores de la 4T y, por supuesto, acusaciones de que otros tantos más son enemigos del cambio verdadero.
Imagino que la pregunta de muchas personas es ¿por quién votar?, más aún cuando no es claro de qué forma se hará y las redes sociales no ayudan mucho. Los muros, sobre todo de Facebook, desde el domingo pasado se han convertido en verdaderos tendederos de propaganda de candidatos y candidatas de todo el país. Es decir, no hay una clasificación de los mensajes y flyers que se publican, así que realmente nadie sabe en realidad nada, empezando por quién sí puede votar y por quién no.
La proyección de participación en la elección de jueces y magistrados no superará el 25% de la lista nominal de electores, así que el resultado estará aún más deslegitimado que la elección de candidatos y candidatas a un cargo político por elección. Lo bueno es que esta elección de juzgadores es la respuesta a todos nuestros problemas de corrupción y dispendio económico en el Poder Judicial.
Si la elección de juzgadores es una excelente medida para nuestra problemática en ese sector, no entiendo por qué no se implementa en otros espacios. Es como mi falta de comprensión sobre por qué los ideales de la libertad sindical no se implementan en el sistema de partidos, donde la consulta a los militantes a través del voto libre, secreto, directo y universal debería ser la regla para establecer si los militantes avalan la conformación de coaliciones electorales entre los partidos, como la eternizada coalición entre Morena, PT y Partido Verde, o la conformada por el PRI y el PAN. También se debería legitimar la existencia de los partidos, en el entendido de que si no logran el apoyo del 50% + 1 de la militancia que tienen reportada ante los órganos electorales, simplemente deben desaparecer, como ocurrió con los Contratos Colectivos de Trabajo no legitimados.
En este sentido, si la elección de jueces y magistrados es otra grandiosa solución, urge que mandemos también a elección a los presidentes de las juntas de conciliación y arbitraje, que, si bien desaparecerán, no lo harán hasta que terminen con el último expediente pendiente de resolución. También urge elegir a los integrantes del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y a los integrantes de los tribunales de justicia administrativa, tanto federales como estatales, que en todos los casos son nombrados directa o indirectamente por los ejecutivos federal y locales.
No hacerlo es tratar de manera discriminatoria la impartición de justicia. También es asumir que allí no hay corrupción, como tanto lo repitió el gobierno anterior en torno al Poder Judicial. Pero, sobre todo, es evitar que donde ya tiene el control el Poder Ejecutivo, se meta mano en el asunto, cuando evidentemente la estructura funciona adecuadamente en favor de sus intereses.
Por supuesto que jamás enviarán estos cargos a elección popular. Esos espacios de poder ya los controla el Ejecutivo, así que por lo único que hay que ir es por el control de la impartición de justicia sobre la que aún no se tiene la misma incidencia. Hay que regresar a esa época del presidencialismo fuerte, ejercido de manera absolutista, como si se tratara del ejercicio del poder por un monarca del medioevo. Es regresar a esa historia que ya conocemos, la historia del México del siglo pasado.
¿Defiendo al Poder Judicial? Hasta cierto punto sí. No se le puede acusar de corrupto cuando su acusador, el Poder Ejecutivo, tiene evidentes casos de corrupción en su haber. Para muestra, tan solo basta un botón: el día de antier, Julia Abdala, pareja de Manuel Bartlett—sí, ese Bartlett al que se le cayó el sistema en 1988, empujando la derrota artificial de Cuauhtémoc Cárdenas—reconoció operaciones con prestanombres de Genaro García Luna. Una confesión que no realiza por haberse dado cuenta del error, sino porque seguramente le vienen pisando los talones. Un suceso al que podemos sumar muchos más, del mismo Bartlett y de otros políticos como Ricardo Monreal, Martí Batres y, de hecho, del propio López Obrador y su descendencia.
La elección de juzgadores es una tomada de pelo más. Quien piense lo contrario, definitivamente tiene un hambre y necesidad incontrolable de sentir esperanza, al grado de estar dispuesto o dispuesta, para lograr ese objetivo, a cerrar los ojos frente a una realidad aplastante.
ADDENDA
1. ¿Por quién votar en la elección de jueces y magistrados?
Como lo hemos dicho, imagine que usted tiene un familiar con una enfermedad mortal que requiere a un especialista en un área en particular o, de otra forma, morirá. Resulta que, a la par, el gobierno llevó a un proceso electivo en el que a los ganadores se les dará el reconocimiento de especialistas en el área de atención médica que requiere, por ejemplo, uno de sus hijos o esposo/esposa. En esta elección, fue suficiente que acreditaran el grado académico de médico general.
¿Permitiría que la persona que resultó electa consulte y hasta intervenga quirúrgicamente a su ser querido?
Lo mismo ocurre en este ámbito. No podemos dejar nuestros asuntos legales en manos de quien únicamente tiene una licenciatura en derecho y fue incluido en la elección producto de una tómbola.
Con todo y el riesgo que implica votar por alguien que en efecto es bastante corrupto o corrupta, lo sensato es votar por quienes ya ocuparon el cargo de juez, jueza, magistrado o magistrada. No así por quien ve en la elección un atajo en su vida profesional y económica.
2. El gobierno contra su propio INE
Mejor el INE ha sido un tanto más sensato en la elección de jueces y magistrados, aun cuando es, por decir menos, incondicional al pasado y actual gobierno.
El caso es que la determinación de este instituto de prohibir la promoción de la elección y la promoción velada de algunos personajes, impulsada desde el gobierno y los partidos políticos, ha irritado bastante al nuevo PRI, perdón, a Morena, que ha impugnado la decisión del INE, ese mismo INE que ellos mismos propusieron y votaron para su conformación.
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Abogado Postulante y miembro de la Escuela para la Formación Política y Sindical A.C.
