En México hay un negocio por cada 22 habitantes aproximadamente. Desde una tienda miscelánea hasta la gran industria, se tiene registro de casi 6 millones de unidades económicas, las cuales ofertan bienes y servicios a una población aproximada de 130 millones de personas.
Según el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Estado de México y la CDMX concentran poco más del 20% del total de los negocios registrados; el estado de Jalisco ocupa el tercer lugar. Juntos constituyen el 30% de la actividad económica del país.
Estas unidades económicas son generadoras de riesgos. El marco normativo las clasifica en bajo, mediano y alto riesgo, según su giro económico, la superficie construida de sus instalaciones, la cantidad de personas que alojan o el tipo de materiales y sustancias que en su interior se procesan o resguardan. Asimismo, todas las empresas y negocios deben cumplir con la implementación de medidas de seguridad y protección civil, indistintamente de su nivel de riesgo.
Por ejemplo, en una peluquería basta con que exista un extintor, un botiquín de primeros auxilios, señales preventivas y que la peluquera sepa cómo atender una emergencia. Dentro de un centro comercial o institución bancaria, además de lo anterior, se debe tener sistema de videovigilancia, guardias de seguridad, brigadas de protección civil, sistema de alertamiento sísmico, póliza de seguro, programas de mantenimiento y de verificación de riesgos.
Una nave industrial o estación de carburación, además de lo anterior, deben realizar estudios de mecánica de suelos, geológicos, hidrológicos; dictámenes estructurales, eléctricos y de instalaciones especiales; así como realizar evaluaciones técnicas de impacto urbano y ecológico.
¿Qué autoridad se encarga de revisar que todo lo antes mencionado se cumpla? ¿Es posible cubrir esta gran demanda? Es prácticamente imposible, ya que la estructura gubernamental y la ley en la materia confieren esta potestad únicamente a las Unidades Municipales y Estatales de Protección Civil, cuya capacidad operativa en términos administrativos y de gestión documental es muy limitada, ya que son entidades con alta demanda de atención de emergencias, lo cual les resta recursos materiales y humanos para las gestiones administrativas, de inspección y análisis documental, lo cual mengua capacidad y eficacia al escrutinio normativo.
Ejemplo: De las más de 700,000 unidades económicas registradas en el Estado de México, el 20% son de mediano y alto riesgo, es decir, 150,000 empresas aproximadamente. Estas deben renovar su Programa Específico de Protección Civil (PEPC) cada año —así lo exige la Ley—, y el procedimiento para lograr dicho trámite aún se realiza únicamente en ventanilla, de manera presencial. Si hacemos números con estos datos, suponiendo que se reciban exitosamente 100 ingresos diarios para revisión y autorización de PEPC, y el 80% fueran aprobados en un mes, ¿cuál sería el resultado? Si consideramos que la ventanilla funciona por lo menos 8 horas durante los 250 días hábiles, en promedio por año, se estarían recibiendo en ventanilla 25,000 PEPC de unidades económicas de mediano y alto riesgo; apenas el 17% del total que operan en el EDOMEX. Con una eficacia del 80%, se estarían autorizando 1,600 negocios al mes, es decir, 19,200 empresas en todo el año, correspondiente al 13% del gran total.
¿Qué significa esto? Una gobernanza del riesgo endeble, con capacidades de gestión limitadas, que constituye un componente básico del riesgo sistémico que los acuerdos y marcos internacionales para la reducción del riesgo de desastre instan a combatir. Recuerde que el espacio más seguro es el que construimos juntos. ¡Que su semana sea de éxito!
Hugo Antonio Espinosa
Funcionario, académico y asesor en gestión de riesgos de desastre
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