Este gobierno ha intentado corregir en los hechos, no en el discurso, el abandono del pueblo frente al crimen, como evidentemente lo dejó el anterior. Con el lema de “abrazos y no balazos” desistió de su cometido, dejando de lado el deber de la autoridad. El Ejército fue enviado a las calles a realizar tareas de seguridad pública, pero con la desafortunada orden de no llevar a cabo enfrentamientos. Ello derivó, de hecho, en la renuncia al legal ejercicio de la fuerza que constitucionalmente se le permite a las fuerzas del orden para imponer su autoridad, con el objetivo de contener la violencia que normalmente ejercen los delincuentes en contra de sus víctimas. El Estado debe ser garante de la seguridad pública; es una de sus principales funciones.
Sin embargo, el anterior presidente, Andrés López Obrador, renunció a esa responsabilidad y ordenó al Ejército “no responder a provocaciones”, decía él. El resultado fue absurdo y ofensivo; las imágenes capturadas y compartidas en redes sociales, en las que se observaba la humillación que recibían los elementos castrenses, fueron dolorosas. Ultrajados, eran sometidos sin poder siquiera meter las manos.
¿Cómo puede el orgullo de los honorables elementos de verde olivo rescatarse de tal condición? Peor aún, la imagen que prevalecía en los ciudadanos de aquellos que han sido siempre referencia de valor, de entrega, de coraje, al verlos reducidos a las burlas y vejaciones de pobladores y delincuentes, incrementaba un sentimiento de indignación.
Sin poder hacer nada ante la política adoptada en ese momento, los criminales, desde luego, tomaron nota; se sintieron con absoluta libertad para continuar con sus actividades delictivas, acrecentando dominio y territorios. Eso ocasionó que esos grupos delictivos, ante tal libertad, empezaran a pelearse el amplio territorio de rutas utilizadas para el trasiego de drogas.
Al no tener que cuidarse de las Fuerzas Armadas, se concentraron en sus enemigos; eso desató una escalada de violencia que pronto alcanzó a poblaciones enteras. Como consecuencia, los angustiados lugareños vieron cómo sus localidades iban colonizándose sin mayor impedimento y en total soltura e impunidad; incluso hasta empezaron a cubrir un nuevo impuesto que les permitiera subsistir, bautizado como “derecho de piso”.
Ante esa desastrosa supuesta política pública que vendía la idea de que se estaban “atendiendo las causas”, y que, desgraciadamente, declaró el actual gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo continuar, se ha dejado al país envuelto en llamas y en un río de sangre que parece no encontrar fin ni límites. Las ganancias son bastante jugosas como para no aprovechar la inacción gubernamental.
Aunque la estrategia es diferente, pese a que no se acepte, como ya se señaló, en el discurso de la mandataria aún se pregona lo que decía López. Pero actualmente el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, desde el inicio de su nombramiento ha cambiado de estrategia por una real. Las consecuencias de la anterior son descomunales; no es lo mismo enterarse de alrededor de 80 muertes violentas diarias reportadas en el sexenio anterior, a las 60 del presente, pero no es suficiente.
Nadie espera que Sheinbaum diga algo que no favorezca la imagen de su mentor; sin embargo, utilizar la misma retórica ya no es sostenible. Los acontecimientos ocurridos el sábado 1 de noviembre en el municipio de Uruapan, Michoacán, en los que asesinaron a su presidente municipal, Carlos Manzo Rodríguez, no solo decepcionan, sino que levantan ámpula ante las declaraciones ofrecidas el lunes en su aparición mañanera. Parecía que era el mismo López Obrador el que hablaba, en voz de Sheinbaum.
Ante estas declaraciones y la creciente molestia de los pobladores, que en sus manifestaciones llegaron incluso a realizar destrozos en el Palacio de Gobierno de Michoacán, “alguien” le recomendó replantear su impulso. Así lo quiso hacer, ya que el martes anunció el “Plan Michoacán, por la paz y la justicia” para intentar apaciguar los ánimos, porque ese “alguien” seguramente le dijo que su posición no era la correcta y que habían caído muy mal sus declaraciones, pues la respuesta de la población fue la contraria a lo que tal vez imaginó.
Carlos Manzo (el hombre del sombrero), sin embargo, dejó mucha evidencia a través de videos, cartas y testimonios del abandono que el gobierno federal tiene con los diferentes gobiernos. El valiente edil declaró muchas veces que no eran con los abrazos como se obtendría tranquilidad; que estos debían darse a la población, a los empresarios, a mujeres y niñas violentadas, no a los delincuentes. A esos “hay que enfrentarlos a chingadazos”, decía Manzo.
No solo el gobierno federal; el gobierno estatal hizo su parte. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla incluso se burlaba de la posición que demostraba el “hombre del sombrero”. Los ciudadanos del municipio sabían de las diferencias que existían entre ambos y del recurrente reclamo para que Uruapan fuera atendido respecto de la violencia.
La paciencia del pueblo está llegando a su límite, y el de Uruapan puede ser el principio de una escalada regional y después nacional, si no se adopta otra posición por parte del gobierno federal para atender el grave problema. Podría empezar por dejar de culpar a anteriores gobiernos y a los comentócratas por hablar de la crisis.
Ya no es aceptable el discurso de “estamos atendiendo las causas”. La ciudadanía ya está exigiendo más, y ese “más” es recuperar la paz social. La labor titánica que realiza García Harfuch se pierde en las palabras protectoras ofrecidas al padre político de la presidenta Sheinbaum.
