La historia no se repite, pero rima. Y cuando rima en América Latina, casi siempre lo hace con acento imperial. Esta vez, el eco no viene solo del pasado: tiene nombre y apellido —Donald Trump—, pero también un error político fatal cometido en Caracas.
Manuel Antonio Noriega lo descubrió en 1989. Nicolás Maduro lo enfrenta ahora. En ambos casos, el mensaje es brutal: cuando un gobernante destruye la legalidad interna y deja de ser funcional al orden hemisférico, la soberanía se vuelve frágil y negociable.
La captura de Noriega fue presentada como una cruzada contra el narcotráfico y la dictadura. En realidad, fue el ensayo general de algo más crudo: Estados Unidos se arrogó el derecho de invadir un país, capturar a su jefe de Estado y juzgarlo en sus propios tribunales, sin mandato internacional ni consenso regional. Panamá fue el escenario; la Doctrina Monroe, el libreto.
Venezuela llegó a ese punto por una ruta distinta, pero con un desenlace comparable. Nicolás Maduro no heredó una dictadura: la construyó. Transformó un gobierno surgido de las urnas en un régimen sostenido por la persecución política, la anulación de contrapesos, la militarización del poder y la supresión sistemática de libertades. Ese fue su error cardinal. No solo moral, sino estratégico.
Al cancelar elecciones creíbles, vaciar de contenido a la Asamblea, cooptar al Poder Judicial y cerrar las vías institucionales de alternancia, Maduro convirtió a Venezuela en un Estado sin defensas jurídicas reales frente al exterior. La dictadura no solo oprime hacia adentro: debilita al país frente al mundo.
Pero reducir el conflicto venezolano a una disputa ideológica sería ingenuo. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del planeta, y ese dato nunca ha sido irrelevante en la historia hemisférica. El colapso institucional del país, sumado al control político de sus recursos energéticos, convirtió al petróleo en un factor silencioso pero decisivo del conflicto. No se trata solo de democracia o derechos humanos: se trata también de energía, mercados y control estratégico.
Aquí entra Donald Trump, no como excepción, sino como acelerador brutal. Trump no disfraza la hegemonía con diplomacia ni con eufemismos multilaterales. La exhibe. Reivindica una visión del hemisferio como zona de control, castigo y escarmiento. La Doctrina Monroe, bajo su mandato, deja de ser una sombra histórica y se convierte en doctrina operativa.
Ya no se habla de cooperación democrática, sino de enemigos. Trump no busca restaurar la democracia venezolana; busca demostrar poder. Su política hacia América Latina no es reconstructiva, es punitiva. No persuade: impone. No acompaña procesos internos: los sustituye desde fuera.
Las reacciones regionales muestran matices importantes. Gabriel Boric, desde Chile, fue claro al señalar que Maduro se equivocó al convertir su gobierno en una dictadura, pero al mismo tiempo advirtió que la intervención militar extranjera no es una salida legítima ni sostenible. La presidenta Claudia Sheinbaum, desde México, no entró en la calificación del régimen venezolano y se concentró exclusivamente en condenar la invasión, defendiendo el principio histórico de no intervención y el respeto a la soberanía de los Estados.
Maduro ergo Noriega no es una metáfora exagerada. Es la constatación de una doble falla histórica: la del gobernante que destruye la democracia desde dentro y la del poder imperial que aprovecha esa ruina para imponer su voluntad desde fuera.
Cuando un gobernante destruye la democracia desde dentro, abre la puerta al imperio; y cuando un imperio irrumpe diciendo venir a salvarla, confirma que la soberanía perdida nunca se recupera por la fuerza. América Latina solo se salva a sí misma -o no se salva-.
