¿Le parece favorable que la política de comunicación social del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se centralice en la Presidencia de la República? ¿La centralización favorecerá la libertad de información, de expresión, y pondrá fin a la discrecionalidad con la que los gobiernos del PAN y del PRI asignaron multimillonarios presupuestos para favorecer a un puñado de medios de comunicación que suelen rendir tributo o servir al gobierno en turno?
Tales preguntas no resultan ociosas cuando el virtual presidente de México ha anunciado la desaparición de las oficinas de prensa y de comunicación social de las dependencias y entidades del gobierno federal para centralizar la política de comunicación en la Presidencia de la República, justo cuando entrará en vigor, en enero de 2019, la conocida Ley Chayote.
Acompañada de esa determinación, López Obrador ha planteado la reducción en un 50 por ciento del presupuesto asignado a la publicidad dirigida a los medios de comunicación. Suena plausible si se considera que los gobiernos de las tres últimas décadas han gastado miles de millones de pesos para promocionarse a través de un selecto grupo de medios de comunicación, “comentaristas”, columnistas y editorialistas de prensa, radio, televisión y digitales que suelen adaptar su línea editorial a cambio de pingües ganancias, sin que ello quiera decir que la mayoría de los trabajadores de los medios de difusión tengan sueldos y condiciones de trabajo decorosos.
Muestra de ello es que la mayoría de los reporteros en el país perciben un salario promedio de 5 mil pesos mensuales, carecen de prestaciones, de seguro de vida y condiciones adecuadas para ejercer su profesión, a pesar de estar expuestos a altos riesgos y de que México es el país número uno en violencia en contra de los periodistas, según ha dado cuenta la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la asociación Artículo 19.
Por principio de cuentas habría que señalar que la Ley General de Comunicación Social -conocida como Ley Chayote, tras su aprobación por los priistas en la legislatura que está por concluir- ya ha sido ampliamente cuestionada por legisladores de oposición, especialistas y asociaciones civiles, no sólo porque centraliza en la Secretaría de Gobernación la política de comunicación gubernamental, también porque no establece criterios claros para la asignación de la publicidad a los medios de comunicación cuya subsistencia depende prácticamente de la obtención de recursos del erario.
La referida ley que reglamenta el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, cuyo decreto emitió Enrique Peña Nieto en mayo pasado, fue precisamente impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque adolece de las reglas para garantizar los criterios que señala el propio decreto: eficiencia, eficacia, economía, racionalidad presupuestaria, transparencia y honradez en la asignación de los recursos públicos a los medios de comunicación.
Sobre este tema tampoco ha dado suficiente luz el nuevo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador, quien también propone la desaparición de las áreas de comunicación social del gobierno federal para centralizar su política de difusión en la Presidencia de la República, y la reducción del presupuesto federal en el rubro en comento.
Cierto que los gastos en materia de comunicación, amén de considerables, han servido para hacer proselitismo político y favorecer a un selecto grupo de empresarios y comunicadores.
En el documento Proyecto de Nación 2018-2024, de AMLO, se cita que en el lapso de 2006 a 2016 los gobiernos en turno gastaron alrededor de 71 mil 139 millones de pesos, los cuales podrían haber servido para construir 284 mil 554 viviendas o bien 89 hospitales.
“Artículo 19” señala que sólo el gobierno de Peña Nieto gastó más de 40 mil millones de pesos en publicidad oficial en beneficio prácticamente de 20 medios de comunicación que concentraron el 56 por ciento de dichos recursos, mientras que el resto se repartió entre 3 mil 108 medios de difusión.
En su reporte “Democracia simulada, nada que aplaudir”, esa asociación civil de defensa de los derechos de los periodistas indica que la mayor concentración de los recursos del erario -obtenidos de los impuestos ciudadanos- fueron a parar a las arcas de Televisa, Estudios Azteca, la agencia Starcom Worldwide, Grupo Radio Fórmula, El Universal, Excélsior, la Organización Editorial Mexicana (OEM) propietaria de los “soles” de la República Mexicana, Medios Masivos de Comunicación, Milenio Diario, Canal 40 y La Jornada.
Paradójicamente, se ha precarizado la situación laboral de los reporteros y trabajadores de los medios de difusión, cuyos ingresos han mermado y sus prestaciones o han sido eliminadas o no tienen, a pesar de ser los soldados de a pie que todos los días y a cualquier hora, independientemente de los riesgos que implica su profesión, van por las noticias y hacen el contenido de un diario, un portal, de un medio electrónico de comunicación y otros.
Recientemente Ana Cristina Ruelas, directora regional de “Artículo 19” para México y Centroamérica, advirtió que si se reduce el gasto en publicidad gubernamental, sin duda habrá un adelgazamiento en los medios de comunicación, o incluso su desaparición por tener como principal ingreso la publicidad oficial, lo cual implicará una mayor precarización laboral de los periodistas.
Por otro lado, Jesús Ramírez Cuevas, uno de los voceros de Andrés Manuel López Obrador, en entrevista con la asociación Periodistas de a pie adelantó, grosso modo, que se transparentarán los criterios para entregar la publicidad oficial con base no sólo en el raiting o alcance social de las empresas informativas, también de acuerdo con su influencia regional, cultural y comunitaria.
Aún no queda clara la política informativa del próximo gobierno. En principio, se ha hablado de que se convocará a especialistas, periodistas, empresarios y otros a fin de tener una mayor claridad. Sin duda, la convocatoria tendrá que ser amplia y democrática, si consideramos que la sociedad mexicana es la recipiendaria de los mensajes oficiales y merece información de utilidad, no propaganda encubierta. Sobre todo porque paga con sus impuestos la publicidad.
Por otro lado, se requiere reformar la Ley Chayote a fin de establecer claramente quiénes o qué órgano, cómo y bajo qué criterios se asignarán los recursos del erario para el pago de la promoción de las acciones de gobierno que impacten en la sociedad. Existen prácticas internacionales, como el caso de España, que sirven de ejemplo para la distribución equitativa del recurso federal, evitar la corrupción y la censura.
Obviamente no se puede dejar de lado la situación de los trabajadores de los medios de comunicación en México, que padecen bajos sueldos y nulas o pocas prestaciones, amén de estar en la indefensión en materia de derechos humanos, a grado tal que algunos han sido juzgados penalmente por defender sus derechos laborales.
El asunto es de la mayor importancia y refleja la inequidad que se vive en el país: propietarios de medios de difusión millonarios y periodistas pobres, así como la vulnerabilidad de quienes tienen la importante labor de informar a la sociedad. De acuerdo con Artículo 19, de 2000 a la fecha 188 periodistas fueron asesinados, y cada 26 horas uno de ellos es agredido, principalmente por funcionarios públicos. El tema, sin duda, está vinculado a la configuración que en materia de difusión pública deberá resolver el gobierno de López Obrador.
