El equipo de Andrés Manuel López Obrador inicia este martes la Consulta Nacional por la Pacificación y Reconciliación Nacional en Ciudad Juárez, Chihuahua, municipio emblemático donde por primera ocasión se registraron los feminicidios en el país y donde la semana pasada se recrudeció de nueva cuenta la ola de violencia que dejó al menos 30 muertos que se suman a los cientos que día a día se convierten en estadística nacional.
Aun cuando el secretario de Gobernación saliente, Alfonso Navarrete Prida, trate de tapar el sol con un dedo -al afirmar que la gestión de Enrique Peña Nieto no deja a México ni en guerra ni en una “crisis completa” en materia de seguridad (El Universal, 6 de agosto de 2018)-, las evidencias revelan un deterioro preocupante en materia de seguridad.
Apenas este sábado tuvo que ser reforzada la seguridad en Ciudad Juárez con más de 100 elementos, luego del enfrentamiento entre dos organizaciones criminales. En Guerrero, uno de los estados más violentos, de nueva cuenta las balaceras dejaron un saldo de varios muertos y heridos. En Tijuana se encontraron varios cadáveres, una familia indígena fue asesinada en Chiapas, mientras que en Puebla los huachicoleros chocaban con el Ejército mexicano en la autopista México-Puebla.
Esto es sólo por citar lo más reciente, pero de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a junio de este año se registraron 117 mil 261 delitos del fuero común contra la vida y la integridad corporal; de éstos, 21 mil 352 fueron homicidios dolosos.
Todavía no concluye el año y la cifra se acerca a los 29 mil 169 homicidios dolosos que se registraron en 2017, año catalogado como el más violento en la historia del país.
Esto, sin contar las lesiones registradas en el primer semestre de este 2018 y que, de acuerdo con el SESNSP, ascendieron a 92 mil 476, además de 8 mil 377 secuestros en diversas variantes; 387 feminicidios; 19 mil 729 delitos contra la libertad y seguridad sexual -de los cuales 8 mil 768 corresponden a abuso sexual y 5 mil 555 a violación simple-, además de 473 mil 309 delitos contra el patrimonio, según el reporte más reciente del SESNSP sobre la Incidencia Delictiva del Fuero Común de 2018.
No es de extrañar que ante el crecimiento de la violencia y de la inseguridad en el país reaparezcan los grupos de autodefensa o guardas comunitarias en diversas entidades del país, como es el caso de Michoacán, Guerrero, Morelos e incluso en entidades donde no existían policías comunitarias, como el caso de Tabasco. Es tal el nivel de inseguridad que en la propia Ciudad de México, y no se diga en el Estado de México o en Hidalgo, los ciudadanos de a pié o comunidades enteras tomen justicia por propia mano, ya sea linchando a un delincuente o asesinándolo.
El reto que enfrentará el gobierno de AMLO se antoja descomunal, si se considera que sólo en 2016 el INEGI reportó 31 millones de delitos, 99 por ciento de los cuales quedaron impunes, mientras que el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Jan Jarab, ha reportado más de 35 mil casos de desapariciones registradas oficialmente, sin que se conozca en cuáles han participado las autoridades del país. Tan sólo habría que recordar el caso aún impune de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos por policías estatales y municipales por instrucciones de las autoridades locales.
Seguramente éstos y otros temas serán expuestos en la consulta nacional que hoy inicia en Ciudad Juárez, por asociaciones civiles y defensoras de los derechos humanos que en algún momento tuvieron un desencuentro con López Obrador, cuando éste en su calidad de candidato a la presidencia declaró que le tenía “desconfianza a todo lo que llaman sociedad civil”, además del resbalón por “asuntos de ansiedad” de Loretta Ortiz sobre el fallido anuncio de la participación del Papa Francisco en los foros que hoy inician.
El próximo secretario de Seguridad Pública (SSP), Alfonso Durazo -quien estará presente en la consulta, junto con la encargada de la política de seguridad interior en la gestión de AMLO, Olga Sánchez Cordero-, ya adelantó los temas a tratar desde la campaña presidencial, los cuales siguen en el tintero, a saber: La controvertida Ley de Amnistía, que buscará absolver a campesinos y jóvenes que participen en el narcotráfico; la despenalización de la mariguana y de la amapola y el programa nacional de sustitución de cultivos ilegales; el retorno de las Fuerzas Armadas a los cuarteles; la creación de una guardia nacional y la colaboración internacional para el combate de las mafias trasnacionales, las comisiones de la verdad regionales y otras para casos específicos, como Nochixtlán, Tlataya y Ayotzinapa.
Además, ya adelantó la propia Sánchez Cordero que se buscará reforzar a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a la Comisión Nacional de Búsqueda.
Lo deseable es que este martes se escuche también a especialistas, autoridades locales, además de los colectivos, para elaborar el diagnóstico que permita ir construyendo el programa de acción contra la inseguridad y violencia en el país. Sin duda, el reto está en construir una programa que incluya a las diversas voces de las propias víctimas, una gran parte no atendidas por el Estado mexicano, porque involucran a los mismos gobiernos locales, desde agentes, policías, alcaldes y gobernadores.
Este martes se verá si estas convocatorias buscan realmente incorporar la acción de una sociedad dolida y vejada por la violencia e inseguridad in crescendo, o sólo se tratará de seguir un script ya trazado.
