¿Cuántas veces hemos escuchado quejas de la atención que brinda el personal del Ministerio Público?
Tal vez cientos, y lo que es más trágico para ellos, es el hecho de que los comentarios negativos son mejor aceptados, que los positivos, basta escuchar a alguien quejarse que le solicitaron dinero como condición para llevar a cabo algún trámite, para darlo como cierto, aunque dicha aseveración sea falsa.
El personal involucrado en las tareas de integrar los expedientes, llámeseles Carpetas de Investigación, ya sea Ministerios Públicos, Policías de Investigación y Peritos, muchas de las veces desarrollan su actividad en condiciones muy poco favorables, pues tan solo los horarios que le dedican, rebasa por mucho lo que se determina en la ley, ya que están sujetos a las condiciones de la “necesidad del servicio”.
Hace poco un valiente grupo de trabajadores de ésta área de gobierno, intentó formar un sindicato, para poder lograr el mínimo de garantías laborales, a los que consideran les asiste el derecho, como la revisión de los horarios de trabajo, el pago de horas extras, incremento salarial que permita recuperar el poder adquisitivo, gratificación de horario extraordinario de trabajo, uniformes, incremento del seguro de vida, vehículos y mantenimiento, así como consumibles para las áreas operativas, viáticos para comisiones y adscripciones mayores a 50 km del domicilio del trabajador, becas, bonos y estímulos al desempeño y respeto de periodos de vacaciones, entre otros.
Las circunstancias actuales de la institución, rebasan la capacidad que actualmente presentan los centros de atención ciudadana, se aprecia la carencia del personal suficiente, pues aparte de los Ministerios Públicos, la insuficiencia del personal también se ve reflejada en servicios periciales, médicos legistas, policías de investigación y psicólogos, para una investigación eficiente e integral.
Pero, ¿qué sucedió con el grupo de servidores públicos que se atrevió a desafiar a sus superiores intentando formar un sindicato? Bueno, pues resulta que el registro fue negado por la autoridad competente, por lo que se recurrió tal determinación y actualmente se encuentra en estatus de espera para resolución del recurso de revisión.
Sin embargo, con o sin sindicato, las cosas no han cambiado al interior de la institución, los malos tratos de mandos medios y superiores, el hostigamiento laboral, así como la falta de recursos materiales, financieros y humanos necesarios para cumplir con su trabajo, les impiden desarrollar sus actividades de manera eficiente.
En incontables ocasiones, es el servidor público que con recursos e iniciativa propia, hace lo imposible para realizar una investigación de calidad, aunque el cansancio y la incertidumbre los hace esperar los periodos vacacionales, que sin embargo, no se respetan por falta de personal y queda supeditado de acuerdo a las instrucciones de los jefes inmediatos.
En tanto quienes aparecen como responsables de la solicitud del registro del mal logrado sindicato se ven envueltos en cambios de adscripción, revisiones inquisitivas por medio de los órganos administrativos denominados visitaduría general y contraloría, con la intención de iniciar procedimientos administrativos que culminen en la destitución del cargo.
Bajo estas circunstancias se vieron en la necesidad de solicitar al Fiscal General, Lic. Alejandro Jaime Gómez Sánchez por medio de un oficio girado con fecha 13 de agosto del presente, su intervención, para que las cosas mejoren para ellos y en beneficio de la sociedad, por lo que además le piden, dotación de material, herramientas, equipo de seguridad, de cómputo y armamento.
Ante tantas carencias que reporta el personal de la instancia que se encarga de perseguir a los delincuentes, es razonable entender las limitaciones a las que se ven sujetos, con la consecuente deficiencia en los resultados que se esperan de su actividad.
Estaremos atentos para saber la respuesta del Fiscal a la solicitud de sus trabajadores, porque la sociedad exige un mejor servicio de la importante dependencia, sobre todo, en estos tiempos de incertidumbre con motivo de los altos índices de delincuencia.
