Uno de los problemas que más enojo provoca en mucha gente es la corrupción. México se ubica en la posición 135 de 180 del Índice Global de Corrupción 2017, publicado por Transparencia Internacional. En 2015, nuestro país se ubicaba en la posición 95, y en 2016 se colocó en el lugar 123, ahora estamos 12 lugares más abajo.
En esa condición, ocupamos uno de los peores lugares de América Latina, por debajo de naciones como Brasil, Argentina y Colombia, y con la misma puntuación que Honduras y Paraguay.
En el marco del G20 –integrado por los 19 países más industrializados y la Unión Europea- México está como el peor país del grupo.
Los impactos de la corrupción –de acuerdo con los estudios realizados en esa materia- son inhibir la inversión, reducir la productividad, distorsionar la asignación de recursos, profundizar la desigualdad y disminuir el potencial de crecimiento.
La corrupción impacta el bienestar de toda la sociedad y se estima que cada año se pierde hasta 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB nacional). Los daños económicos se calculan en 1.5 billones de pesos.
Hace más de una década, en los foros de discusión para crear la primera Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la expectativa era que la nueva normatividad contribuiría a reducir las prácticas de corrupción, asociadas generalmente al sector gubernamental. Los indicadores recientes indican que la transparencia ha sido insuficiente para combatir el problema, el cual podríamos tardar hasta 40 años en eliminarlo.
La única forma en la que podrá avanzarse será fortaleciendo los mecanismos de prevención, investigación, denuncia y sanción, con la participación decidida de los ciudadanos.
En el Estado de México, se instaló –el año pasado- el Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, incluso ha habido avances con los sistemas municipales, aunque 13 ayuntamientos no han cumplido con la normatividad. Acolman, Amanalco, Amatepec, Chiautla, Coyotepec, Donato Guerra, Ecatzingo, Joquicingo, Nopaltepec, Rayón, Tenango del Aire, Tezoyuca y Timilpan, son los municipios donde ha habido omisiones.
De acuerdo con el artículo sexto transitorio de la Ley en la materia, “el Ejecutivo Estatal proveerá los recursos humanos, financieros y materiales correspondientes en términos de las disposiciones aplicables”; sin embargo, es la fecha en la que no han recibido los recursos necesarios, estimados en 61 millones de pesos.
Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana carecen de un inmueble y de personal, para desarrollar sus actividades, además de que la plataforma digital que debe crearse –de acuerdo con la ley- aún no se ha diseñado. Quienes actualmente realizan los trabajos, desde octubre del año pasado no han recibido su sueldo.
Se ha perdido una oportunidad para vigilar a las nuevas autoridades municipales que iniciarán sus funciones a partir del primero de enero del próximo año, en virtud de que no se han logrado los avances necesarios para operar un sistema anticorrupción, así como para localizar y medir el problema, e identificar las causas y áreas específicas donde se presenta la corrupción.
Los integrantes del Comité –que preside José Martínez Vilchis- no han dejado de trabajar y han avanzado en la creación de una Red de Participación Ciudadana y el Registro de Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajan para combatir el problema, pero aún falta un elemento clave: el Sistema Electrónico Estatal de Quejas y Denuncias.
A partir del próximo 5 de septiembre, el escenario político se modificará en la entidad y eso podría alterar la consolidación del Sistema Anticorrupción de la entidad, que sería un instrumento determinante para combatir ese flagelo en el ámbito municipal, sobre todo ahora que llegarán muchas autoridades que carecen de preparación y experiencia para gobernar.
PERCEPCIÓN
Ana Lilia Herrera Anzaldo –primera mujer mexiquense que preside actualmente la Junta de Coordinación Política del Senado de la República– fue electa como vicecoordinadora de los diputados federales del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, a partir de septiembre próximo. Su papel será estratégico en el nuevo escenario político.
