Después de que se han dado despidos masivos en algunos periódicos y televisoras, tras el anuncio de Andrés Manuel López Obrador de reducir en 50 por ciento la publicidad oficial a periódicos, revistas, medios electrónicos y otros, el vocero del presidente electo, Jesús Ramírez Cuevas, ha adelantado que se reformará la Ley General de Comunicación Social, conocida como Ley Chayote, por carecer de criterios para la asignación de los recursos del erario a los medios de comunicación social.
En entrevista que concedió la víspera Ramírez Cuevas (El Sol de México), éste admite que se necesitan al menos tres reformas en materia de medios de comunicación social, y una de ellas es precisamente el establecimiento de criterios para distribuir con equidad los recursos del gobierno federal a los diversos medios de difusión.
Según Ramírez Cuevas, la reforma que impulsará Morena -que seguramente pasará sin mayor complicación por tener mayoría en el Congreso de la Unión-, buscará eliminar la discrecionalidad con la que han operado los funcionarios públicos, y fijar criterios que vayan de acuerdo con el número de lectores y el tiraje de los medios impresos. De entrada ese sería el esquema para asignar los montos millonarios correspondientes a publicidad que durante el sexenio anterior ascendieron a unos 2 mil millones de dólares, según datos de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, especializado en el tema.
Además de establecer reglas tan necesarias para la asignación de tales montos -que López Obrador anunció se reducirán a la mitad de lo que se gastó con Peña Nieto-, habría que plantear otros criterios para los medios electrónicos, máxime cuando hablamos de grandes corporativos como Televisa y TV Azteca, que al menos en el sexenio anterior obtuvieron la mayor parte de los recursos asignados a publicidad.
Según Fundar, de 2013 a septiembre de 2017, el gobierno de Enrique Peña Nieto gastó la fabulosa cantidad de 37 mil 725 millones de pesos en publicidad oficial, monto que equivale a cuatro veces más lo destinado en 2016 al Programa de Productividad Rural de la Sagarpa.
De ese total, la mayor parte se fue a medios electrónicas. Fundar cita un ejemplo: en 2016 -cuando el gasto rebasó los 10 mil millones de pesos-, ambas televisoras se llevaron más del 30 por ciento de ese monto (al menos 3 mil 148 millones de pesos), de entre una veintena de medios de comunicación.
Obviamente habrá que revisar también el papel de los medios electrónicos que se encuentran en manos del Estado mexicano, entre ellos los canales de televisión 11 y 22. Y en el caso de las emisoras radiofónicas, el Instituto Mexicano de la Radio y Radio Educación, además de Notimex, la agencia de noticias del Estado.
Recomendable sería que el gobierno de AMLO fortalezca los medios de difusión del Estado, más aún cuando se requiere elevar el nivel educativo y cultural de la población. Recordemos que la mayoría de los mexicanos leen si acaso un libro al año -de autoayuda, generalmente-, según la encuesta del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI) que señala que en 2017, de cada 100 mexicanos, 45 leyó un libro en los últimos 12 meses. Y en ese sentido habría que redireccionar el papel del Estado en cuanto a sus atribuciones mediáticas para convertirse en un promotor de la cultura y educación nacional.
La segunda reforma que comenta el vocero de AMLO tendría que darse en el ámbito de la protección y seguridad de los periodistas, así como sobre la precarización en sus condiciones de trabajo (que se han agudizado a partir de las declaraciones que sobre el tema hizo inicialmente el tabasqueño, como lo demuestra el despido de cientos de trabajadores de Milenio, y el ajuste en Reforma que incluyó a columnistas de la talla del historiador Lorenzo Meyer).
En ese sentido, bien valdría la pena una convocatoria al gremio periodístico para evaluar los mecanismos de protección del Estado y su operatividad para garantizar la protección física y en sus labores de los informadores.
Es sabido que México es uno de los países donde mayor número de asesinatos contra periodistas se han cometido. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), del año 2000 al primer semestre de 2018 se registró el de 136 comunicadores, lo cual demuestra la necesidad de fortalecer el Protocolo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas.
Jesús Ramírez ha declarado que se invitará a los familiares de los reporteros asesinados para el fortalecimiento y creación de un nuevo Protocolo. Lo cierto es que los directamente involucrados, es decir, los periodistas, tienen también que estar y participar en esta discusión.
Sobre lo expresado por Ramírez, en el sentido de que “impulsarán el respeto” a los derechos laborales de los comunicadores, y cabildearán con las empresas para impedir despidos injustificados, loable sería que iniciarán ese proceso con los trabajadores despedidos de La Jornada, y los que aún laboran en ese diario que se dice de “izquierda”, en aras de lograr la restitución de sus derechos.
La ex secretaria general del Sindicato Independiente de Trabajadores de La Jornada (Sitrajor), Judith Calderón (despedida y demandada penalmente junto con otros trabajadores integrantes de esa organización por obedecer la decisión de la mayoría de los sindicalizados de colocar las banderas rojinegras, cuando la dirección del periódico redujo, primero, y después eliminó el contrato colectivo de trabajo (CCT) y con ello el 45 por ciento de las prestaciones al salario), ha declarado que los magistrados del Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito fallaron por segunda ocasión, al parecer la definitiva, en contra de las medidas que impuso la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, afectando a los trabajadores de esa empresa periodística que solicitó a las autoridades laborales de la ciudad de México acabará de tajo con las prestaciones del CCT.
Calderón sostiene que la resolución a favor de los trabajadores obecede a que La Jornada “no demostró que se encontraba en crisis y, suponiendo que ésta existiera, no comprobó que los trabajadores de base fueran los responsables de tal circunstancia”. Además, “los magistrados advierten que no es lo mismo aplicar el CCT a un trabajador de base que puede percibir 10 mil pesos mensuales, que a un funcionario del diario que gana por encima de los 100 mil pesos”.
De acuerdo con Calderón, en el amparo directo 289/2018 del Poder Judicial de la Federación -que da también un revés a la resolución que en 2017 tomó la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México a favor de ese diario-, se indica claramente que la empresa no debió eliminar las prestaciones del CCT, sino antes bien tendría que haber realizado una reingeniería financiera para subsanar las fugas de capital, revisar las funciones de cada puesto de confianza para evitar la duplicidad y otras medidas que se consignan en el laudo.
Además que, pese a los descuentos que por más de 70 millones de pesos anuales se aplicaron a los trabajadores con la eliminación del CCT, la empresa no dio solución a la supuesta crisis económica por la que dice atraviesa, según Calderón.
Habrá que ver si efectivamente el gobierno de AMLO decide apoyar a los trabajadores de La Jornada y revisar este caso de manera justa y objetiva en momentos en que la dirección del propio diario ha anunciado en su editorial de este lunes 10 de septiembre -bajo el título “Una sentencia irracional”-, que continuarán la batalla legal contra la resolución que favorece a sus empleados.
Como candidato a la presidencia, López Obrador, a través de tuiter, dio su apoyo incondicional a la dirección de ese diario, no así a los trabajadores. ¿Cambiará ahora su postura, de acuerdo con lo que ha declarado el próximo vocero de la Presidencia?
El tercer punto a destacar, mencionado por Ramírez, tiene que ver con el apoyo al periodismo de investigación en los medios de comunicación. Todavía no se define el mecanismo. Ha referido que se podría crear un fondo nacional o un concurso nacional, lo cual también deberá consultarse con los directamente involucrados, porque no siempre los concursos se otorgan bajo el criterio de la imparcialidad.
