La exigencia de mayor seguridad y justicia en el Estado de México y particularmente en el Valle de Toluca, es absolutamente legítima, honesta y valiente. La preocupación de los jóvenes universitarios es también la preocupación de la ciudadanía. Todos –o una gran mayoría, porque nunca falta quien dice que todo “está bien”- deseamos vivir en un entorno de mayor tranquilidad y paz.
Esta generación de estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México marcó un precedente importante, que hace muchos años no se vivía, considerando la magnitud de su convocatoria. Lograron visibilizar un hecho para evitar que sea parte de la “normalidad”: la muerte de estudiantes a manos de la delincuencia o víctimas de algún delito.
Su organización fue genuina y cientos de estudiantes que sumaron –de acuerdo con los propios organizadores- más de 2 mil 500 (algunos refieren hasta 4 mil), marchando por las calles de la capital mexiquense, desde el Cerro de Coatepec, donde se ubica Ciudad Universitaria, hasta la Fiscalía General de Justicia de la entidad.
Muchas personas que los vieron caminar –ordenada y civilizadamente- por las avenidas Vicente Guerrero y Morelos, les expresaron su apoyo. Una señora, visiblemente emocionada con lágrimas en los ojos, ondeó una bandera de México al paso del contingente universitario, celebrando su valentía de marchar.
La convocatoria para manifestar una preocupación y exigencia, naturalmente fue aprovechada por algunos grupos que tienen otros intereses políticos y que buscan generar un ambiente de inestabilidad y desorden que deje en mal a las autoridades. Siempre es el riesgo.
Ahora corresponde a los jóvenes, a los docentes y a la comunidad universitaria en general, trascender esa etapa de expresión pública, a una de análisis, reflexión, discusión y generación de propuestas. Los universitarios estamos obligados a mostrar el conocimiento, amplio y especializado, derivado de los estudios que se realizan permanentemente en la UAEMéx, y colocarlo en una perspectiva donde las autoridades gubernamentales e incluso los representantes populares, escuchen –de voz de los propios estudiantes y de los investigadores- los problemas que observan y construyan –en conjunto- alternativas de solución.
Deben trascender de las consignas y la interrupción del tránsito –que a muchas personas afecta-, a un escenario donde acrediten las solidez de su formación y su amplia visión para resolver problemas sociales, en una perspectiva inter y multi-disciplinaria. De lo contrario, podrá ocurrir un desgaste ante la “opinión pública” y empiecen a ser vistos como grupos similares a Antorcha Campesina, que sólo a través de las molestias a terceros, logran que negocien sus líderes, dejando a sus “seguidores” en las mismas condiciones que mantienen desde hace años.
En ese entorno, es preocupante escuchar las declaraciones del fiscal general de Justicia, Alejandro Gómez Sánchez, al asegurar que se sabe de venta de drogas en los planteles universitarios, pero que se carece de denuncias, porque podría parecer un argumento que busca desvirtuar la legitimidad de la exigencia de los estudiantes.
Adicionalmente, anunció la posibilidad de que haya agencias móviles de la Fiscalía dentro de los planteles universitarios, lo que implicará hacer un análisis detallado de la autonomía universitaria. ¿Qué pensarán –y sentirán- los estudiantes, docentes y trabajadores al ver a elementos de la Fiscalía dentro de los planteles? ¿Podrán hacer investigaciones dentro de los espacios de la UAEMéx? ¿Es la única alternativa?
Es la oportunidad de esta generación de estudiantes para demostrar –con inteligencia y dentro de la vida académica- que tienen elementos sólidos en su formación, para proponer respuestas a los problemas que les aquejan, a ellos en particular y a la sociedad mexiquense en general.
PERCEPCIÓN
Quien tendrá mucho trabajo para observar el desempeño de quienes integran la LX Legislatura del Estado de México y de los ayuntamientos que entrarán en funciones el próximo 1 de enero, será el contralor de ese poder, Victorino Barrios Dávalos, quien se ha caracterizado por aplicar la ley a “personajes” de todos los partidos políticos.
Así se lo ha pedido –seguramente- el propio presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, con quien tiene cercanía –muy cercana- desde hace varios años.
