Toluca/Estado de México
El presidente del Poder Judicial del Estado de México, Ricardo Sodi Cuellar informó que a partir del viernes entrará en vigor la ley de amnistía, es decir, comenzarán a recibir las solicitudes para la liberación de presos en cárceles mexiquenses por delitos menores y las peticiones se podrán promover tanto por vía virtual como físicamente.
En entrevista tras la ceremonia de aniversario por la fundación del Estado de México, calificó la ley como una oportunidad para la despresurización de las 22 cárceles estatales.
“No podemos decir cuántos son todavía porque todos (los aspirantes) deben cumplir con la totalidad de los requisitos, sobre todo la reparación del daño, pues si bien tenemos un mapeo de cuál es el universo general, para no generar falsas expectativas hay que ver quiénes son los que cumplen los requisitos”, aclaró.
Adelantó que el cuatro de marzo se publicarán los lineamientos para poner en marcha la ley de amnistía del Estado de México, aprobados por el Consejo de la Judicatura y a partir del cinco de marzo se cumplen los 60 días necesarios para entrar en vigor tras su publicación en la gaceta de gobierno.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia estatal añadió que será a partir del fin de semana cuando comiencen a recibir las solicitudes de amnistía para su aplicación, y para poner en marcha esta ley capacitaron a ministerios públicos, defensores públicos y colectivos sociales que quisieron participar.
“Es una gran oportunidad para despresurizar los centros penitenciarios y eximir de sanción a delincuentes menores que por circunstancias de diversa índole han delinquido y para sensibilizar a las autoridades de que las penas deben ser racionales y no excesivas”, apuntó.
Sodi Cuellar añadió que fue reforzado el área de jueces de ejecución donde habrá más asuntos de esta índole, con aproximadamente el 80 por ciento de los asuntos, aunque aclaró que se podrán plantear en cualquier etapa procesal desde la vinculación a proceso hasta la sentencia.
Dijo que el Poder Judicial realizó un mapeo sobre quiénes serán los posibles beneficiarios, que son aquellos que cometieron delitos menores no de alto impacto, donde no hubo uso de armas o medios violentos en la comisión y se preserve el derecho de las víctimas a la justa reparación del daño, que depende de cada caso, pues la multa varía según el delito.
