Toluca/Estado de México
Para que los votantes del Estado de México cuenten con más información de candidatos, Morena propuso que sea obligatorio la presentación de las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, para aquellos que busquen o sean candidatos.
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En la Diputación Permanente se leyó la iniciativa del Consejo de Participación Ciudadana Anticorrupción, a través de la diputada morenista Carmen de la Rosa Mendoza, a fin de reformar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de México y el Código Electoral de Estado de México.
Se dio a conocer que en 2016 se decretó la Ley General de Responsabilidades Administrativas que establece como instrumentos de la rendición de cuentas las declaraciones de intereses y patrimoniales, para determinar cuando los intereses de un servidor público pudieran entrar en conflicto con su función, así como documentar la integración de su patrimonio y la evolución que este tenga.
Es así como con los nuevos ordenamientos se dispuso que las entidades federativas homologaran procedimientos en la lucha contra la corrupción, que es una práctica normal o natural en las transacciones de la vida diaria, de los negocios y del trato con los servidores públicos y cuyo costo económico oscila entre el 5 y 10%del PIB.
De acuerdo a la propuesta, en el Estado de México el 30 de mayo de 2017 se emitió la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, en donde se establecen las obligaciones y procedimientos para la declaración de situación patrimonial, la declaración de intereses y la presentación de la constancia de declaración fiscal de todos los servidores públicos estatales y municipales, por lo que se contempla como sujetos obligados del cumplimiento de la ley a todas y cada una de las personas que prestan sus servicios en la administración pública, sea de orden estatal o municipal.
La iniciativa se basa en la propuesta que Transparencia Mexicana realizó en el año 2021, tras un grupo de trabajo con especialistas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto Nacional Electoral (INE), los Órganos Garantes de los estados de la República, los Comités de Participación Ciudadana de los Sistemas Anticorrupción y especialistas de todo el país para revisar la información disponible sobre las candidatas y candidatos y elaborar propuestas concretas para los procesos electorales de 2022 y 2024.
Del grupo de trabajo surge la idea de homologar la información que las y los candidatos deben tener disponible para consulta de los votantes, tal es el caso de la incorporación de las declaraciones patrimonial, de intereses y la opinión de cumplimiento fiscal, las cuales servirían para que los ciudadanos ejerzan un voto informado.
La iniciativa fue presentada como propuesta por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, con la intención de prevenir posibles actos de corrupción como la obtención de financiamiento ilícito o la gestación de relaciones de complicidad a cambio de favores políticos.
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