Toluca/Estado de México
Tras el caso del actor Octavio Ocaña, posible víctima de homicidio en el 2021, la legisladora de Morena en el Estado de México, Luz María Hernández Bermúdez presentó una iniciativa al Congreso mexiquense para reformar el Código Penal del Estado de México, y sancionar a cualquier servidor público que cometa ilícitos relacionados con el respeto a los cadáveres y no solo a los de instituciones de seguridad pública, La finalidad, de acuerdo a la legisladora, es evitar que se filtren imágenes de víctimas de un delito "para lucrar con la tragedia".
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De modificarse la ley, la pena será de tres a seis años de prisión y multa por 500 a mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, además se elevará cuando el delito sea cometido por persona servidora pública, las penas previstas se incrementarán hasta 10 años.
La propuesta establece sancionar al que por cualquier medio y fuera de los supuestos autorizados por la Ley, audiograbe, comercialice, comparta, difunda, distribuya, entregue, exponga, envíe, filme, fotografíe, intercambie, oferte, publique, remita, reproduzca, revele, transmita o videograbe, imágenes, audios, videos o documentos de cadáveres o parte de ellos que se encuentren relacionados con una investigación penal, de las circunstancias de la muerte o de las lesiones que éstos presentan.
Acompañada por los padres del actor
Asimismo, acompañada por los padres del actor Octavio Pérez Ocaña, familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes exigieron castigo severo a quien filtre imágenes de víctimas para lucrar con la tragedia, recordó que este caso ocurrido el 29 de octubre de 2021 en el tramo carretero Chamapa-Lechería, y que sigue en proceso de investigación, fue una paramédico quién filtró fotografías del actor, encargada de proporcionarle los primeros auxilios cuando aún se encontraba con vida, durante su traslado al Hospital de Traumatología de Lomas Verdes del IMSS, trayecto en el que murió.
“Marcelina N se encuentra excluida de la agravante del tipo penal toda vez que el artículo que la ley establece, cuando el delito sea cometido por persona servidora pública integrante de cualquier institución de seguridad pública o de impartición o procuración de justicia, las penas previstas se incrementarán hasta en una tercera parte, siendo esta servidora pública ajena a las instituciones definidas”.
En este sentido, familiares de Octavio Ocaña, abogados e integrantes de organizaciones defensoras de derechos humanos Lex ProHumanitas, Floreciendo con Dignidad, A.C. y de la Asociación Nacional de Economistas Politécnicos, exigieron justicia.
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