Toluca/Estado de México
Los diputados mexiquenses han aprobado una reforma al artículo 40 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, que se refiere a los requisitos para ser consejero ciudadano de este organismo. La propuesta presentada por Morena busca mejorar las disposiciones legales relacionadas con este asunto y fortalecer los requisitos para la elección de los Consejeros Ciudadanos.
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Ahora se establece que para ser Consejero Ciudadano, se deben cumplir con los siguientes requisitos:
- Ser mexicano en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles.
- Tener residencia efectiva en el territorio del Estado de México durante un período no menor a tres años antes de su designación.
- Acreditar su trabajo en la promoción, defensa, estudio o difusión de los derechos humanos dentro de la entidad.
- No haber sido condenado mediante sentencia por delitos que afecten el pleno desarrollo y la dignidad de la persona, el libre desarrollo de la personalidad y la identidad sexual, incumplimiento de obligaciones, violencia familiar, así como por delitos contra la libertad, seguridad y tranquilidad de las personas que conlleven una pena privativa de libertad.
Se subrayó la importancia de estas reformas para fortalecer los requisitos de elegibilidad de los Consejeros Ciudadanos y mejorar el funcionamiento de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
Es relevante mencionar que en el Análisis y Estudio Técnico del Texto Normativo se destacó la importancia de fortalecer los requisitos exigidos por la Ley para ser Consejero Ciudadano del Consejo General de los Derechos Humanos.
Esto se debe a que las funciones que desempeñan son de gran relevancia para los derechos humanos de los habitantes del Estado de México. El Consejo Consultivo desempeña un papel crucial al brindar apoyo a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y contribuye al correcto funcionamiento de esta, en conformidad con los mandatos de la Asamblea General de las Naciones Unidas en cuanto a la colaboración necesaria entre la sociedad civil y las instituciones nacionales y estatales de derechos humanos.
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