Toluca/Estado de México
Al menos dos funcionarios del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) enfrentan procesos judiciales debido a irregularidades detectadas en el ejercicio de sus funciones. Uno de ellos está acusado de aceptar sobornos, mientras que el otro enfrenta cargos por falsificación de firma. Desde el inicio del año 2020 hasta el 2023, un total de 35 servidores públicos han sido denunciados por presunta irresponsabilidad administrativa, según informó la titular del OSFEM, Miroslava Carrillo.
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La funcionaria señaló que, debido a que los dos casos aún están en proceso abierto, no es posible revelar los nombres de los implicados en este momento. Sin embargo, proporcionó detalles sobre los casos: una de las empleadas pedía dinero a cambio de pasar por alto fallos en los municipios, mientras que el otro caso involucra a una persona que subcontrató a dos empleados para realizar su trabajo y falsificó la firma de la Auditora.
Carrillo expresó que el objetivo del OSFEM es profundizar en las investigaciones y promover la transparencia, comenzando por el propio Órgano. Han iniciado las investigaciones necesarias para determinar si hay más personas involucradas en actos ilícitos.
En cuanto a los demás funcionarios, se informó que, de acuerdo con el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA), se ha identificado probable responsabilidad administrativa en 123 servidores públicos, además de 11 particulares relacionados con faltas administrativas graves. Actualmente, hay un total de 49 servidores públicos involucrados, de los cuales 38 están registrados en la plataforma digital.
Hasta el cierre del informe el 31 de diciembre de 2022, se habían sancionado a 47 servidores públicos en el país, distribuidos en diferentes estados, siendo uno en Guanajuato, cinco en Chihuahua, seis en Zacatecas y 35 en el Estado de México.
La funcionaria también destacó que durante el año 2022 se recibieron 119 denuncias, mientras que en el 2023 se incrementaron a 133. En el año anterior, todas las denuncias fueron presentadas de manera impresa, sin que ninguna estuviera contenida en la plataforma digital. En el presente año, 49 denuncias se realizaron de manera impresa y 84 en la plataforma.
Por otra parte, Carrillo señaló que parte de los esfuerzos del OSFEM se han centrado en que los auditores no se limiten a revisar únicamente los aspectos legales, sino que también acrediten que los programas y presupuestos se hayan ejecutado efectivamente y que hayan tenido un impacto positivo en la vida de las personas. Se han verificado programas que han mejorado la calidad de vida de la población.
Finalmente, Carrillo enfatizó la importancia de que los servidores públicos conozcan las cuestiones legales y comprendan las fallas que han llevado a la situación actual. Además, mencionó la necesidad de que las auditorías sean realizadas de manera imparcial y que se garantice el cumplimiento de las normativas pertinentes. También señaló que, en muchos casos, las faltas en los municipios persisten debido a la lealtad que algunos contralores sienten hacia el Cabildo y el municipio que los emplea, lo que impide corregir las deficiencias existentes.
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