Toluca/Estado de México
Robo con violencia, con el uso de arma de fuego, de tarjetas de crédito y 500 pesos cometido el 19 de marzo en una caseta de Ecatepec, es el delito por el que la activista defensora de los derechos humanos, Kenia Inés Hernández Montalván, actualmente sigue un proceso judicial en el penal de Chiconautla, informó la representante jurídica, Esther Flores, del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, quien acusó a la Fiscalía de Justicia mexiquense de haber “fabricado el delito”.
La activista fue aprehendida el sábado 6 de junio en la caseta de cobro conocida como La Hortaliza, en la carretera Toluca-Valle de Bravo, junto con dos menores de edad que fueron liberados; sin embargo, ella fue trasladada al penal en Ecatepec, porque fue esa la localidad donde presuntamente cometió el ilícito y donde las dos víctimas radicaron la denuncia.
“Su detención fue en condiciones arbitrarias y esta persecución política que se ha dado a los defensores de derechos humanos, en este caso ella se hizo visible por su labor a favor de personas indígenas, es feminista, guerrerense que cobró trascendencia a nivel mundial”, resaltó.
Dijo que Kenia tuvo una primera audiencia el lunes y mañana será la segunda para determinar su situación jurídica, además resaltó que entre otras inconsistencias detectadas, resaltan dos, una identificación fotográfica pues según la investigación exhaustiva que hizo una concesionaria mexiquense, aportó fotografías de una protesta registrada en una caseta de la entidad donde aseguran que ella participó, pero no hay elementos que lo comprueben y es la misma fecha que la denunciaron por el robo con violencia.
El otro es una identificación fotográfica que contiene la Carpeta de Investigación, donde los denunciantes identifican a la persona que cometió el delito y la señalan directamente porque dicen haberla encontrado en internet, incluso su nombre y organización a la que pertenecen.
Acusó de espionaje a la FGJEM pues, advirtió que contrataron una empresa privada que documentó su actividad como defensora.
“Kenia tiene una trayectoria por la lucha de la liberación de presos políticos, y su actividad ha dejado un antecedente que ahora la ha colocado en esta situación legal, que además podría colocarla como presa política”, dijo Gloria Flores, de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM).
Destacó que hay un alza significativa de agresiones contra defensores de derechos humanos, que si bien demostraron en el 2019, la situación se ha exacerbado a lo largo del primer semestre del 2020 e hizo un llamado al gobierno del Estado de México para que cesen las represiones contra defensores.
Reiteró que en el Congreso estatal está en análisis la Ley de Amnistía, que prevé la liberación de presos considerados como políticos, indígenas, defensores de derechos humanos y otros.
Al respecto, la Fiscalía de Justicia, informó que la aprehensión se llevó a cabo en el marco de un ordenamiento judicial, que les fue obsequiado tras presentar las pruebas correspondientes ante el juez, quien admitió los elementos para girar la orden de detención.
Asimismo, rechazó que hayan contratado o involucrado a empresas externas para investigar o espiar a la activista, pues los elementos de prueba los obtuvieron de las cámaras de videovigilancia del OXXO, una tienda y la caseta de cuota.
Sobre la situación jurídica de la detenida dijeron que está en manos de un juez.
