Lerma/Estado de México
Este jueves se llevará a cabo la audiencia en los juzgados de Lerma, en la que un juez determinará la situación jurídica de José Juan “N”, el único de los presuntos responsables del feminicidio de Fátima Quintana, ocurrido en el 2015, que no fue sentenciado.
El caso es sobre la niña de 12 años que fue lapidada y agredida sexualmente hace seis años, en la comunidad de Santa María Zolotepec, Lerma, cuando volvía de la escuela secundaria y localizada debajo de las rocas por su mamá, Lorena Gutiérrez.
"Es un momento importante para garantizar la justicia a Fátima y su familia, se espera una sentencia histórica por parte del Poder Judicial estatal, que reconozca la brutalidad de su feminicidio y esperamos que sea a favor de la verdad. Ha habido mucho dolor, mucho sufrimiento y esta sentencia puede ser un acto de justicia, sobre todo de cero tolerancia a la violencia feminicida".
Junto con José Juan "N", presuntamente estaban Luis Ángel Ataide Reyes quien fue sentenciado a ocho meses de prisión y Misael Ataide Reyes, con una condena de cinco años, que en ese entonces era menor de edad.
A los juzgados ubicados en el municipio de Lerma, acudieron integrantes de diversas colectivas feministas que han acompañado a los padres de Fátima Quintana durante 6 años, en los que han demandado la sentencia del tercer responsable del feminicidio de su hija.
"Han pasado 2 mil 434 días, desde que Fátima Quintana Gutiérrez fue asesinada, su vida fue truncada a los 12 años. Ninguna niña debe ser víctima de violencia sexual y de feminicidio", condenó la representante del Observatorio Nacional del Feminicidio, María de la Luz Estrada.
#Video: Esperan sentencia contra José, el feminicida de Fátima en 2015
Frente a los juzgados dijo que hace seis años tres sujetos la interceptaron y consideraron que tenían el derecho a arrebatarle la vida de la forma más cruel y luego del hallazgo del cuerpo de su hija, en una zanja, la familia no imaginó que esta tragedia era solo el inicio de un camino tortuoso.
"Han sido víctimas de una larga y persistente violencia institucional, que los ha llevado a sufrir agresiones físicas, verbales por parte de la familia de los agresores, ataques a su casa, amenazas y el desplazamiento forzado, así como la muerte del hijo menor, Daniel".
Hace tres años se logró reponer el procedimiento para Juan "N", el último imputado, por lo que su familia y organizaciones, colectivos acompañantes han tratado de aportar más pruebas científicas para demostrar que la coartada en la que se ampara este joven, son videograbaciones manipuladas, segmentadas, de las que no existe un original que acredite su fiabilidad y pertinencia como prueba.
"Después de seis años, la familia vuelve a tener esperanza de que el Poder Judicial estatal cumpla con su obligación de impartir justicia con diligencia y perspectiva de género".
