Defensores y familiares de Roxana Ruiz, víctima de violación e intento de feminicidio, presentaron una queja ante el Poder Judicial del Estado de México porque consideran que fueron vulnerados los derechos de la joven de 22 años en el comunicado publicado informando sobre que seguiría su proceso en libertad.
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"Lo que venimos a pedir es que en este caso no revictimice, ni enjuicie a anticipadamente, porque es una persona que está siendo procesada y en el caso del compañero Luis, le apliquen beneficios de preliberación, pues hay casos como el suyo que por no tener recursos para pagar, no alcanza su libertad", expusieron las integrantes del colectivo Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas Neza.
Durante la conferencia que se desarrolló frente al Palacio de Justicia, localizado en Toluca, Abigail Escalante Tirado, una de las representantes legales, explicó que con la información ahí vertida, la víctima de violación es considerada culpable, pues únicamente incluye la versión de la Fiscalía General de Justicia mexiquense, sin considerar que en el proceso hay dos partes.
Expusieron que la revocación de la prisión preventiva como medida cautelar impone un alto a las arbitrariedades que se llevan a cabo en los poderes judiciales del país, incluido el mexiquense y de la federación, aun con el nuevo sistema que, en algunos lugares, como en el Edoméx, lleva 8 años en proceso.
La queja fue presentada ante el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Ricardo Sodi Cuellar, por los motivos expuestos, toda vez que los antecedentes incluidos en el comunicado dan cuenta de la falta de elementos para juzgar con perspectiva de género, además que establecen una sentencia y una condena a priori, prejuzgando sobre el caso y haciendo gala de los prejuicios en contra de las mujeres.
Por lo que demandaron retirar la publicación en redes sociales, pues la misma basa la información solo en el dicho de la Fiscalía, toda vez que la resolución del juez de control sobre la necesidad de modificar la medida cautelar de prisión oficiosa no tiene precedente, pues está apegada a los estándares internacionales que dispone que deben ser siempre basadas en el sentido de proporcionalidad.
Recordaron que el 15 de febrero, la decisión del juzgador obedeció a los principios internacionales y a los de La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que en este caso toma en cuenta su condición de género, su situación económica, su origen indígena, entre otros.
"La prisión preventiva únicamente pauperiza las condiciones de pobreza, tenemos casos como el de Emilio Lozoya, a quien le fue en principio concedido el beneficio de la duda y derecho de presunción de inocencia mediante un dispositivo electrónico de geolocalización, a cambio hay quienes por un robo o un delito agravado es sujeto a la prisión preventiva", alegaron.
