Ciudad de México
En una acción conjunta del Gobierno de México y autoridades del Estado de México, el pasado 21 de julio se puso en marcha la “Operación Liberación”, como parte de la estrategia nacional contra la extorsión, instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum. El objetivo: desarticular los complejos entramados criminales que durante años impusieron cuotas ilegales, fijaron precios abusivos y sometieron con violencia a comerciantes y transportistas del sur mexiquense.
#Video: Autoridades liberan accesos a #ValleDeBravo tras bloqueos de transportistas
En coordinación con las dependencias que integran el Gabinete de Seguridad Nacional (Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Centro Nacional de Inteligencia) y con el apoyo de la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, se llevaron a cabo acciones operativas simultáneas en 14 municipios: Amanalco, Donato Guerra, Ixtapan de la Sal, Ixtlahuaca, Malinalco, San Felipe del Progreso, Sultepec, Tlatlaya, Tejupilco, Temascaltepec, Tenancingo, Texcaltitlán, Valle de Bravo y Villa Victoria.
Durante la conferencia de prensa encabezada por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, se informó que en este operativo, se cumplimentaron órdenes de aprehensión contra ocho personas identificadas como objetivos prioritarios, no por su papel en actividades de sicariato, sino por su rol gerencial en las cadenas de suministro que financiaban a una organización criminal con orígenes en Michoacán.
Los detenidos, dueños de comercios, regidores, líderes sindicales y operadores financieros, aparentaban ser empresarios reconocidos en sus comunidades, pero en realidad controlaban de forma violenta sectores clave como la construcción, la madera, la carne y la paquetería, además de imponer cuotas mediante amenazas y secuestros.
De acuerdo con el Fiscal General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes, esta operación no se enfocó en sicarios o agresores directos, sino en estructuras gerenciales que controlaban la economía local: logística, finanzas, distribución y comercialización.
El fiscal detalló que estas redes direccionaban la compra y venta de productos, obligando a los comerciantes a consumir en puntos específicos bajo amenazas de muerte. Los detenidos cumplían funciones de administración, promoción, contabilidad y operaciones en nombre de dicha organización criminal.
Caso Valle de Bravo
Uno de los principales detenidos fue Eli “N”, dueño del almacén “JIMEX”, señalado como único distribuidor autorizado por el grupo criminal para vender cemento y materiales de construcción en la región. Las autoridades confirmaron que nadie podía construir nada en Valle de Bravo si no compraba insumos en su negocio y a los precios que él fijaba, algunos con sobreprecios de hasta 400%. También es investigado por extorsión y secuestro con fines de extorsión.
Asimismo, fue detenido Gonzalo “N”, líder del “Sindicato Bradosva”, quien controlaba el suministro y transporte de grava, arena y varilla. Cuando una constructora intentaba operar sin su autorización, exigía pagos de hasta 15 mil pesos por ingreso y 2,500 pesos por viaje. En algunos casos, incluso privó de la libertad a transportistas.
Las prácticas referidas robustecen la hipótesis del control que ejercían Eli “N” y Gonzalo “N” sobre la industria de la construcción en Valle de Bravo y municipios aledaños, así como el sometimiento a otros comerciantes y clientes con el apoyo que les daba el grupo criminal.
Presuntamente, “Jimex” extrae materiales de la mina “San Francisco”, en la comunidad de San Francisco Oxtotilpan ubicada en el municipio de Temascaltepec.
Quien adquiriera material en lugares no autorizados o utilizará servicios de transporte diferentes, era despojado de la mercancía, además los operadores de los vehículos de carga eran golpeados por integrantes del grupo delictivo.
Esta organización además operaba en el municipio de Texcaltitlán a través de la distribuidora “Tixca”, lugar en donde se comercializaba el producto de construcción que era trasladado desde el municipio de Valle de Bravo.
Ixtapan de la Sal: amenazas, hotel y caballerizas
En esa región fue capturada Alicia “N”, encargada de la contabilidad de varios negocios. Se le acusa de extorsión agravada, tras obligar a clientes a pagar un sobrecosto del 20% o enfrentar represalias como ser “levantados o asesinados”. Usaba como centro de operaciones un hotel que administraba y, para intimidar, mostraba caballerizas con más de 50 caballos de alto registro, presuntamente propiedad de líderes del grupo criminal. Alicia es pareja de otro detenido, Jorge “N”, líder de las madererías en Valle de Bravo.
Jorge “N” también es investigado por extorsión agravada tras exigir 100 mil pesos a un comerciante de madera para seguir operando, además de imponerle una cuota mensual y obligarlo a comprarle exclusivamente a él.
Otra de las detenidas fue Yareli “N”, cuarta regidora municipal y prima de Alicia. Está acusada de secuestro exprés con fines de extorsión, tras participar en abril de 2025 en la privación de la libertad de un comerciante de muebles, a quien amenazó con “darle piso a él y a su familia” si no pagaba una cuota.
También fue detenido José Fernando “N”, dueño de madererías en Ixtapan de la Sal, quien imponía sobrecostos del 20% para entregar ganancias al grupo delictivo. Se valía de taxistas para labores logísticas.
En esta demarcación también era operado un establecimiento de materiales para construcción denominado “El Boulevard”, así como otros establecimientos como “Grupo Vulcano”, “Aceros Omega”, “Vidriería Liverpool”, y la maderería de “Santa María” con los que controlaban dicho mercado.
Este entramado criminal, tenía presencia además en los municipios de Malinalco a través de una casa de un “Construrama” y almacén “Malinalco” así como una casa de materiales para la construcción con razón social “Ferremateriales La Coyota”, en tanto que, en el municipio de Tenancingo, se encontraba la casa de materiales “Lobo”.
Además, se tiene conocimiento que Yareli “N”, Alicia “N”, Jorge “N” y José Fernando “N”, aprovechando su relación familiar y/o de confianza, cumplían con la encomienda del grupo criminal de convocar a comerciantes de Ixtapan de la Sal, Tonatico y municipios aledaños a alojarse en un conocido hotel de la zona donde les hablaban de “la importancia de estar alineados” con el grupo criminal y si posteriormente no obedecían lo que los ahora detenidos les imponían, los comerciantes eran privados de su libertad por grupos de personas que portaban armas de fuego.
Extorsión en el comercio de carne y pollo
Antonio “N”, presunto distribuidor de carne en Almoloya de Alquisiras, Sultepec y Texcaltitlán, fue capturado por imponer cobros ilegales de 5 pesos por kilo de ganado. Amenazaba de muerte a quienes intentaban comprar carne con otros proveedores.
Por su parte, Bernardo Alejandro “N”, detenido en Quintana Roo, era el encargado de la venta de pollo en Ixtapan de la Sal. El 13 de mayo de 2025 amenazó al dueño de un negocio de aves para obligarlo a comprarle exclusivamente, bajo advertencia de causarle daño.
63 establecimientos intervenidos
Durante el operativo, se ejecutaron 52 técnicas de cateo en 63 inmuebles comerciales, muchos de ellos considerados centros de financiamiento del grupo criminal. Entre los sectores intervenidos destacan:
• Comercialización de materiales de construcción
• Ferreterías
• Madererías
• Carnicerías y rastros ilegales
• Criaderos de cerdo y pollo
• Transporte de mercancías
• Centros de distribución de paquetería
Los bienes asegurados, cemento, varilla, ganado, cárnicos, semovientes, etc., serán entregados para asistencia social por la Secretaría de Bienestar del Estado de México, como parte de una acción inédita autorizada por el Poder Judicial para su disposición anticipada en beneficio de la comunidad.
Control total: Construramas apócrifas, minas y paquetería
Dentro de esta operación se aseguraron 63 inmuebles, entre los que se encuentran 24 casas de materiales de construcción y seis minas de arena, controladas directamente por este grupo criminal.
La red criminal usaba establecimientos con nombres de franquicias conocidas como “Construrama”, aunque eran apócrifos. En Valle de Bravo y Temascaltepec, solo se podía comprar materiales a través de negocios vinculados a Eli “N” o el Sindicato Bradosva.
Se encontraron depósitos con hasta 2 mil sacos de cemento de 25 a 50 kg, varilla por tonelaje, materiales de construcción, y hasta animales de granja y productos cárnicos.
Los productos estaban almacenados ilegalmente o eran comercializados bajo coacción. Algunos establecimientos incluso conservaban grandes cantidades de cemento que por política de las cementeras estaba prohibido vender, tras haber sido detectados como puntos de extorsión.
En los municipios de Villa de Allende y Donato Guerra, el grupo delictivo operaba bajo el nombre del “Sindicato Libertad”, mediante el cual controlaba la venta y distribución de materiales.
Los compradores debían acudir a las oficinas de esta organización ubicadas en Donato Guerra, donde se les entregaba un “vale” canjeable únicamente en puntos autorizados por el mismo grupo. Además, se identificó que las minas “San Juan”, “Michoacana”, “Nieto” y “Velázquez”, localizadas en este municipio, también formaban parte de este esquema extorsivo, ya que el Sindicato era la única entidad “autorizada” para entregar y transportar el material extraído, consolidando así su monopolio ilegal en la zona.
También se impusieron centros de distribución únicos, como en Tejupilco, donde se retenía paquetería de empresas como Mercado Libre, Estafeta o FedEx. Si el destinatario no pagaba una cuota adicional, no recibía su paquete; en algunos casos, los productos eran robados. En total, se recuperaron más de 800 paquetes, que serán devueltos a sus legítimos propietarios.
Además, las indagatorias de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México revelaron que en Tejupilco el grupo criminal obligó al cierre del rastro municipal y, a escasos metros, estableció uno clandestino bajo su control, en la zona conocida como Lodo Prieto. Aunque en ese sitio no se realizaba venta directa de carne, se documentó el cobro de elevadas cuotas por el sacrificio de animales, así como la reventa de los cárnicos, sin contar con los permisos sanitarios ni legales correspondientes.
Los inmuebles y bienes asegurados ya están bajo análisis de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Financiera, con el objetivo de aplicar la extinción de dominio y utilizar estos recursos en beneficio de la comunidad afectada por estos esquemas delictivos.
#ConferenciaDePrensa | Hasta el momento se han detenido a 48 personas relacionadas con este delito, incluidas las detenidas durante la operación de hoy.
— Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) July 23, 2025
Finalmente, el secretario @OHarfuch reafirma que la colaboración entre entidades federativas es fundamental para desarticular… pic.twitter.com/GKd0Um00xk
Operativos contra el crimen organizado provocan bloqueos en #SurEdoméx
