Toluca/Estado de México
En la celebración de audiencias de formulación de imputación por cumplimiento de orden de aprehensión en contra de Gonzalo “N”, Jorge “N”, Antonio “N”, Alicia “N” y José Fernando “N”, la Autoridad Judicial estableció prisión preventiva justificada para estas cinco personas detenidas dentro del despliegue conjunto de fuerzas de seguridad federales y estatales, en el marco de la “Operación Liberación”. Son investigados por hechos delictivos de extorsión.
Arrestan en #Soyaniquilpan a seis implicados en el secuestro del líder sindical de #ACME
El agente del Ministerio Público aportó datos de prueba en contra de estos cinco individuos, por lo que el órgano jurisdiccional les fijó esta medida cautelar.
Para Alicia “N” y José Fernando “N”, la próxima audiencia será realizada el viernes 25 de julio, en tanto que para Gonzalo “N”, Jorge “N” y Antonio “N” se celebrará el sábado 26 de julio, para que sea resuelta su situación jurídica.
Gonzalo “N” está identificado como supuesto líder del sindicato “Bradosva” y, de acuerdo con indagatorias de la Fiscalía Edoméx, era el único autorizado para suministrar y distribuir materiales de construcción como arena, grava y varilla en la región de Valle de Bravo.
El ahora detenido es indagado por extorsión agravada, ya que el 20 de febrero de 2025, en conjunto con varios sujetos armados, habría interceptado a la víctima sobre la carretera libre Valle de Bravo-Toluca para exigir el pago de “derecho de piso” para poder entregar material de construcción en la zona. Además, le impuso una cuota de 15 mil pesos por ingreso y 2 mil 500 por cada viaje de material que realizara.
En tanto que Jorge “N”, presunto líder de madererías en el municipio de Valle de Bravo, es investigado por el ilícito de extorsión agravada, puesto que el pasado 20 de junio habría amenazado a un comerciante de madera, a quien al parecer le exigió 100 mil pesos para que pudiera continuar comercializando sus productos, además de que, a partir de ese momento, tendría que entregarle una cuota mensual de acuerdo con las ventas, y solo podría comprarle la madera a él.
A Antonio “N”, presunto integrante de un grupo delictivo, al parecer encargado de la distribución y venta de carne en los municipios de Almoloya de Alquisiras, Sultepec y Texcaltitlán, le fue cumplimentado mandamiento judicial por extorsión agravada, por hechos registrados el pasado 11 de marzo, cuando, en complicidad con dos personas más, al parecer amenazaron con privar de la vida a la víctima en caso de que se negara a “comprar carne de res y de cerdo con él” o adquiriera dichos productos con algún otro proveedor.
En tanto que a Alicia “N” y José Fernando “N”, quienes al parecer también laboraban para una organización delictiva con orígenes en Michoacán, les fue cumplimentado mandamiento judicial por extorsión agravada. Son indagados por hechos perpetrados el pasado 4 de junio en Ixtapan de la Sal, donde interceptaron a una persona a quien habrían amenazado y exigido que comprara madera exclusivamente con ellos, con un sobreprecio del 12 por ciento. En caso de negarse, le causarían daño y “le impedirían seguir trabajando”.
Estas cinco personas fueron detenidas el pasado 21 de julio, en el marco de la Operación “Liberación”, que investiga la coacción que ejercen grupos criminales o individuos a través de unidades económicas, al fijar cuotas o precios abusivos y obligarlos a comprar, vender o adquirir bienes, insumos o servicios en lugares preestablecidos bajo un esquema extorsivo.
En estas acciones operativas, realizadas de manera simultánea en municipios de la región sur del Edoméx, participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Marina), Secretaría de Seguridad federal (SSPC), Guardia Nacional (GN), Comisión Nacional contra el Secuestro y la Extorsión (CONASE), Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y Fiscalía General de Justicia mexiquense.
Los detenidos se encuentran internos en Centros Penitenciarios y de Reinserción Social mexiquenses, a disposición de la Autoridad Judicial, quien determinará su situación jurídica. No obstante, deben ser considerados inocentes hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra.
