Toluca
Jorge Olvera García, presidente de la comisión de Derechos Humanos del Estado de México reconoció que hay algunos ayuntamientos que no cumplen con las recomendaciones que emite este organismo.
Reclamó que se haya prorrogado la designación de directores de Derechos Humanos en los municipios, pues a pesar de que la ley específica que debe intervenir la Codhem “no es cierto, por eso pedimos ser una bisagra que sirva para la designación.
“Pero no nos vamos a detener, tenemos la fiereza legal para presentar ante la Legislatura al ayuntamiento que incumpla con la recomendación y expliqué por qué no lo tomaron en cuenta”.
Amplió que el 20 a 22% de las quejas que reciben son en contra de funcionarios de corporaciones de Seguridad, el 17 - 18% en materia educativa, sobre todo se agrupan también contra la Fiscalía General de Justicia, los gobiernos municipales, estos últimos ocupan el primer lugar.
Los temas son la falta de seguridad, la violacion de debida diligencia de los procesos por parte de agentes del ministerio público o policías estatales y municipales, además de la falta de atención educativa, en centros penitenciarios la seguridad jurídica del individuo.
Además, informó que el gobierno del Estado de México instaló día video casetas de las que había anunciado para poder facilitar la atención de las personas que se presumen lesiones a sus garantías individuales.
Al término de su informe de actividades dijo que la próxima semana podrían estar conectadas con la base central de la Comisión y, según le informó el gobernador mexiquense, Alfredo del Mazo Maza, son entre dos y tres.
“Nos ha dado muy buenos resultados porque atendemos de manera inmediata a la gente que emplea esas herramientas tecnológicas, tanto la APP como las castas, la gente tiene más confianza de que al levantar el teléfono su queja será atendida”.
Afirmó que dieron resupuesta al 100% a la totalidad de las solicitudes de orientación o intervención por parte de la comisión, por ejemplo por parte de familiares de las personas privadas de su libertad en centros penitenciarios, quienes consideran que fueron transgredidos los derechos de quienes cumplen sentencia o están en espera de ella.
