En la antigua Roma, cuando había una reunión y en la puerta de la entrada se colgaba una rosa, los temas tratados eran confidenciales. (sub rosae)
El federalismo mexicano se originó mediante el acuerdo en el que territorios con entidad política propia cedían facultades de manera “limitada” a favor de un gobierno central. No en balde, los textos constitucionales de 1824, 1857 y 1917 reproducen la misma disposición: “toda facultad que no esté explícitamente consignada a favor del gobierno federal, se entiende reservada a los estados.”
El nombre de nuestro país y la propia Constitución lo dice todo: Estados Unidos Mexicanos, y por ello la naturaleza jurídica del Estado mexicano se encuentra establecida en los artículos 40 y 41 de la Carta Magna.
El federalismo que hoy tenemos se remonta a la lucha de miles de mexicanos que decidieron colocar candados para no dejar el poder en manos de un solo hombre, lo curioso es que muchos mexicanos tenemos la idea que el Presidente de la República es quien determina todo lo que pasa en el país y es capaz de hacer lo que se le ocurra, pese a que el poder está dividido en Legislativo, Ejecutivo y Judicial que se supone son autónomos entre sí.
El pasado primero de julio, dentro de su hartazgo más que justificado, la gente olvidó mucho de esto y terminó votando por lo que más rechazaba: un partido casi hegemónico y un Presidente con un enorme poder que controla el poder Legislativo con una mayoría casi absoluta y capaz de impulsar las reformas constitucionales que requiera para los fines que decida.
No es una cosa menor.
Andrés Manuel López Obrador asumirá en unos días un gobierno con el apoyo de la mayor parte de quienes acudieron a ejercer su derecho al voto (no así de mexicanos) en el pasado proceso electoral, pero también con una mayoría legislativa en la Legislatura Federal y en muchos de los congresos locales del país con el peso necesario para impulsar y aprobar las leyes que desee.
Casi un poder ilimitado que ninguna democracia ni ningún ser humano requiere pero que nuestra ley electoral y la mayoría de quienes decidieron ejercer su derecho al sufragio decidieron.
El riesgo está latente, el volver al México de un solo hombre, no del fortalecimiento de instituciones para más allá de un sexenio, sino para empoderar a una sola figura con la capacidad de tener en sus manos el poder de hacer “casi” lo que quiera.
De ahí el grito y exigencia de los gobernadores (por ahora sólo panistas) de que el presidente respete el pacto federal y no intente que la figura de los llamados “superdelegados” que operarán a partir del primero de diciembre en todo el país, sea el conducto exclusivo para ejercer recursos desde la Federación, pero sobre todo, por el mensaje que manda al colocar en esta posición a los actores políticos con mayor posibilidad de buscar la nominación de Morena a esas mismas gubernaturas.
Por el momento, el grito de los gobernadores ya fue ahogado hace unos días, con 72 votos a favor y 46 en contra, el Senado de la República aprobó en lo general el dictamen de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) que modifica la estructura de la Secretaría de Gobernación y crea la nueva Secretaría de Seguridad Pública, y que crea además la nueva Secretaría de Bienestar y faculta al titular del Ejecutivo para conformar comisiones especiales y da atribuciones a los llamados delegados estatales.
Esta Ley, ya se anunció, será combatida en tribunales.
Otro ejemplo del poder casi ilimitado que tendrá el presidente para impulsar reformas que abonen a lo que pretende como gobierno, es el que hace unos días, en pleno fin de semana, la diputada mexiquense (Distrito 34 de Toluca), Miroslava Carrillo, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Legislatura Federal mandó la propuesta de Morena-PES-PT de reforma en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato, en la que eliminan la prohibición constitucional de hacer consultas populares sobre la materia electoral (Art. 35).
En realidad se trató de un segundo proyecto de dictamen
avalado por sólo esos tres partidos y diferente al que se había enviado para ser discutido, y que ignoró el reglamento legislativo, que dice que quien debe dictaminar son los integrantes de la Comisión, y no los grupos parlamentarios.
Pese a todo, más allá de filias o fobias, no se trata de pensar sólo en revanchismos políticos, a partir del primero de diciembre, Andrés Manuel López Obrador será el presidente de todos los mexicanos, hayamos votado o no por él, y él tendrá que gobernar para todos, no sólo por los 30 millones de mexicanos que decidieron apoyarlo con su sufragio. La época de confrontación política debe de quedar atrás, y todos tenemos que abonar al México que queremos.
Por eso, nos guste o no, la mayoría legislativa de Morena tiene en sus manos una gran responsabilidad, porque a nadie conviene el poder en manos de un solo hombre.
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Twitter: @Jorge_RosasC
