A cinco días de la nueva administración federal, desafortunadamente, ya se han observado acciones de abuso de poder en donde se soslaya el Estado de Derecho y se pisotea la Constitución Mexicana. La más notable, es la creación de una comisión para la investigación de los hechos en donde desaparecieron estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. Me preguntaría: ¿cuáles son los efectos jurídicos de una investigación realizada por una comisión que no es reconocida por la ley? Si los efectos son únicamente la búsqueda de información para resaltar los errores de la autoridad y darlos a conocer, es un engañó a la sociedad y a los padres de los estudiantes pues, jurídicamente, estas acciones no tendrían consecuencias. Y si lo que se pretende es investigar hechos delictuosos, habrá que recordarle a los asesores del Presidente que el artículo 21 constitucional, otorga la potestad de la investigación y persecución de los delitos al Ministerio Público y sus auxiliares, no al subsecretario de Gobernación y demás integrantes de una comisión creada con gran imaginación.
En efecto, estimados lectores, si esta comisión descubre indicios o elementos de prueba que pudieran aportarse a una actuación ministerial, y posteriormente a un proceso penal, sería imposible insertarlos en una carpeta de investigación, ya que las actuaciones deben ser realizadas por el ministerio público para ser valoradas por un juez de control, entonces las pruebas aportadas por particulares o por otra autoridad diferente al Ministerio Público no tienen valor probatorio.
No pretendo desacreditar los esfuerzos por llegar a la verdad, ni por castigar a los culpables de tan aberrantes acciones, pero no podemos actuar al margen de la ley para castigar a quien la incumple y, por más indignantes que sean las acciones de los delincuentes, no podemos dejar al margen el Estado de Derecho haciendo investigaciones en contra de la Constitución y sus leyes reglamentarias, ya que en caso de encontrar responsabilidades, éstas deben ser sancionadas con el respeto a los derechos fundamentales y, sobre todo, garantizando la legalidad de las actuaciones de la autoridad con la aplicación de las normas establecidas previamente para estos casos.
En cuanto a este tema, ya se pronunció un juez de distrito, quien en una resolución de amparo y con toda razón, determina que una comisión que intenta actuar como Ministerio Público realiza actos inconstitucionales.
Recordemos que los actos de autoridad no sólo pueden estar revestidos de buena fe, la corrupción no sólo se refleja en recibir dinero, también en el abuso de autoridad basado en la acción ilegal de los servidores públicos. Engañar a la ciudadanía también es corrupción, el nuevo gobierno debe cumplir esa promesa de erradicar este flagelo actuando siempre conforme a Derecho.
Por cierto: En cuatro días ya se han concretado dos acciones fuera de la legalidad del nuevo gobierno. Me pregunto: ¿A la ex ministra, Olga Sánchez Cordero, se le olvidó el Derecho?
