En la antigua Roma, cuando había una reunión y en la puerta de la entrada se colgaba una rosa, los temas tratados eran confidenciales. (sub rosae)
Han pasado menos de 20 días desde que inició el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y este sábado su partido recibió su primer revés al menos en materia de inconstitucionalidad luego de que la Suprema corte de Justicia ordenó la suspensión de los efectos de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos presentada por la mayoría de Morena en el Congreso y que establecía que ningún funcionario público puede ganar más que el presidente.
En términos llanos, el revés que el máximo tribunal de justicia del país le asestó a la mayoría en el Congreso no es cosa menor, sobre todo porque abre un frente que el partido de Morena pensó que no tendrían que enfrentar, al menos en un tiempo tan corto y que se suma a la decisión que este sábado tomó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de Federación al determinar que no existían causas de nulidad para la elección a gobernador de Puebla impugnada por ese mismo partido.
Ambas determinaciones, tomadas por los máximos órganos en materia judicial y electoral del país y que echan para atrás dos planteamientos del partido en el poder, provocaron ya el primer enfrentamiento con actores políticos, pero sobre todo con quien hoy tiene la mayoría en el poder legislativo.
Las declaraciones del presidente del Senado y de la Cámara de Diputados, así como del propio ex candidato a la gubernatura de Puebla por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, pero sobre todo del presidente Andrés Manuel López Obrador luego de ambas determinaciones abrieron, sin pensar, un nuevo frente que ahora tendrán que atender.
Por lo pronto, este lunes la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y de Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, convocó a todo su gremio, jueces y juezas y magistrados, para expresar a nivel nacional, en cada edificio sede “un respetuoso pero firme posicionamiento institucional frente al entorno de riesgo y afectaciones a la independencia y autonomía del Poder Judicial de la Federación, que hemos estado resintiendo en forma generalizada y sistemática por los otros poderes de la unión.”
Por lo pronto la decisión de la Máxima Sala del país por la que admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad que interpuso la minoría del Senado y que pasó a la congeladora la ley en donde se establece que ningún funcionario público puede ganar más que el Presidente de la República, -que significa un salario máximo de 108 mil pesos- obliga a que ahora el Congreso de la Unión entregue un Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 en el que la gran pregunta será si será contemplando o no un ejercicio fiscal sin reducción en la nómina.
Tip: “El político debe ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el mes próximo y el año que viene; y de explicar después por qué fue que no ocurrió lo que el predijo”, Winston Churchill.
Hace unos días en el Estado de México, la mayoría legislativa de Morena y sus aliados en el Congreso Local, abrogaron la Ley de Seguridad Social para Servidores Públicos del Estado y Municipios, más conocida como la Ley ISSEMyM lo que sin duda fue un claro recordatorio de la nueva composición del mapa electoral que hoy se vive en esta entidad.
Si bien, esta ley fue presentada y aprobada hace unos meses, en el periodo del anterior gobernador Eruviel Ávila Villegas, su abrogación es un mensaje al gobierno mexiquense encabezado hoy por Alfredo Del Mazo y el PRI de que su mayoría será un gran contrapeso, al menos, por los próximos tres años.
Veremos si esta acción legislativa impulsada por Morena, les resulta o no beneficiosa, ya que si bien detiene una propuesta de reforma de Ley, no da ninguna solución al problema financiero que enfrenta hoy el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.
Esperemos que en breve se presente una solución consensuada, pero sobre todo real para los trabajadores mexiquenses y no quede sólo en tratar de cumplir con el libreto de campaña de anunciar su intención de echar atrás una ley sólo porque eso les atrajo votos.
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