"En la antigua Roma, cuando había una reunión y en la puerta de la entrada se colgaba una rosa, los temas tratados eran confidenciales. (sub rosae)"
Veremos cómo soluciona el problema del aeropuerto de la Ciudad de México el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque a pesar del anuncio de la cancelación de la obra en Texcoco, las obras no han parado.
¿Por qué?, por una simple razón, de los 6 mil millones de dólares que el gobierno recibió como préstamo (vía bonos), actualmente se están negociando sólo mil 800 de ellos, en los que el gobierno está pagando 110 dólares por cada 100 dólares invertidos.
Cabe destacar que el costo total del aeropuerto en Texcoco es de aproximadamente 13 mil millones de dólares, de los cuales, la otra parte que no está en bonos, se financiaría con recursos públicos y en un alto porcentaje por recursos privados provenientes de la Tarifa de Uso de Aeropuerto conocida como TUA y que no son otra cosa que un cobro que está incluido en el costo del boleto de avión de salida de cada pasajero que utiliza el actual Aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), y que también se cobraría a quienes usaran el Nuevo Aeropuerto en Texcoco.
El gobierno fija esta tarifa de forma unilateral, está expresada en dólares, y cada año se determina su equivalente en pesos aunque los recursos son patrimonio de uso exclusivo de la ASA (Aeropuertos y Servicios Auxiliares) tal como se señala en la ley que determina las funciones de esa dependencia.
Por eso, el anuncio que hizo hace unos días la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal sobre el éxito de la recompra y solicitud de consentimiento del Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México no significa que el gobierno pueda detener las obras de dicho proyecto de manera inmediata, porque de hacerlo, el gobierno incurriría en un problema legal al eliminar la fuente de recursos que garantizaban el préstamo de los 6 mil millones de dólares, y por ende lo obligaría a entrar en un demanda con los tenedores de los bonos que invirtieron capital en ese proyecto.
Eso sin duda significaría invertir en abogados y pleitos que no sólo darían mayor descrédito internacional al gobierno mexicano, si no también consumirían importantes recursos económicos y un alto desgaste político a Andrés Manuel López Obrador.
Una de esas salidas es que el gobierno mexicano compre todos los bonos en manos de inversionistas, lo que elevaría el costo de 6 mil millones de dólares a 6 mil 600 millones de dólares (claro en caso de que todos los accionistas acepten los 10 dólares de ganancia por cada 100 que hayan invertido)
Sólo así, ya como poseedor de esa deuda el gobierno podría cancelar definitivamente los trabajos del aeropuerto de Texcoco, aunque claro, los mexicanos terminaríamos pagando una obra millonaria sin haberse construido, es decir tendríamos un aeropuerto cancelado por una decisión política, pero también una deuda como si dicho aeropuerto estuviera en operación en tanto no se pueda tener una parte de esa inversión comprometida en el nuevo aeropuerto de Santa Lucía.
Tip: “No es necio el que hace la necedad, sino el que, hecha, no la sabe encubrir.” Baltasar Gracian.
Si bien, todo tiene un ciclo, no podemos como sociedad soslayarnos de la empatía humana, por eso me sorprenden algunos comentarios vertidos en redes sociales sobre el despido que se ha dado en la estructura de gobierno federal.
Durante años, la mayor parte de la sociedad abonó al discurso de odio generalizado a la burocracia, comenzamos a utilizar el concepto de trabajar dentro del servicio público con el de obtener prebendas, al dispendio de recursos, al tráfico de influencias y a los sueldos exorbitantes, empezamos a medir con la misma vara de nuestro sentir a un diputado o gobernador que a quien trabaja como vigilante, secretaria o personal de confianza en los gobiernos.
Confundimos el servicio público con el derroche, el influyentismo y la “obligación” que supuestamente tiene un trabajador pagado con nuestros impuestos, pensamos y medimos los sueldos de funcionarios federales
Por eso, hoy que se anuncia el despido de más de 2 mil burócratas de diversas dependencias del gobierno federal, y sobre todo por estas fechas de fin de año, no puedo más que sorprenderme de los comentarios de personas que aplauden el despido, que justifican la liquidación y el trato que muchos “servidores públicos” han tenido cuando son informados de su baja.
El peor error que podemos cometer es pensar que vivir del erario significa vivir con sueldos altos, sin necesidades y acostumbrados a pagar una vida a costa del trabajo, pero sobre todo, no alzar la voz, o al menos una oración por aquellos que por diversas circunstancias tienen que buscar una nueva forma de ganarse la vida.
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Twitter: @Jorge_RosasC
