Celebra el presidente Andrés Manuel López Obrador la aprobación del dictamen para la creación de la Guardia Nacional.
Con 127 votos a favor y ninguno en contra el jueves pasado en el Senado de la República dieron luz verde a la Guardia que quería el mandatario, quien señaló sentirse satisfecho.
No obstante, a pesar de que lo sucedido el jueves representó una votación histórica, se realizaron algunos ajustes importantes como el hecho de que debe contar con un mando civil, punto toral con un intenso cabildeo en ambas cámaras y antes, con la sociedad civil, entre otros organismos nacionales y extranjeros, aunque no le resta la posibilidad al ejecutivo, como él mismo lo planteó, de nombrar como jefe a un militar al decir; “la facultad de nombrar al jefe de la Guardia Nacional recae en el titular del Poder Ejecutivo y puede ser un civil o un militar retirado o en activo”.
Con lo anterior, aún quedará la expectativa sobre esa condición, ¿en quién recaerá la responsabilidad de dirigir a la Guardia Nacional?, independientemente de lo que señaló el presidente, difícilmente puede apreciarse un escenario con un mando militar, porque resultaría un encono regresivo de lo ya avanzado, no puede ser suficiente que al único al que se debe dar cuenta de las acciones de los militares sea al Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas.
Lo que no pudieron lograr ni Felipe Calderón ni Peña Nieto, está por suceder en este gobierno, contar con la cantidad de votos necesaria para darle certeza a las labores que ha venido realizando el ejercito, fue una de las acciones que dejaron pendiente sin cumplir, aunque no han cesado los reclamos y acusaciones de violaciones a los derechos humanos.
Era importante otorgar las condiciones legales al ejército y a la marina para que desempeñaran las labores encomendadas contando con un marco legal, aún así quedará la pregunta. ¿Era realmente necesario reformar la constitución? ¿Cuál es el verdadero fondo de todo lo que se viene dando con las fuerzas armadas?
Para que se pueda cumplir con la reforma constitucional, el dictamen tendrá que pasar por San Lázaro y posteriormente deberá ser aprobada por 17 Congresos locales, y con mayoría de Morena en 20 entidades parece que no habrá ningún obstáculo.
Es precisamente lo que llama la atención, la reforma constitucional. Morena, con mayoría en el Congreso hará todo lo posible por darle al titular del ejecutivo las reformas que diga necesitar, solo que tendrá que cabildear para lograr esa ansiada mayoría calificada, y es en donde hay que poner especial atención por aquello de las “negociaciones”. Aún con esto, resulta más preocupante el hecho que en apariencia se pretendan hacer a la voluntad de una persona.
Volviendo a lo que parece estarse cocinando en favor del ejército, empecemos por las herramientas legales con las que contará para el ejercicio de su desempeño en las tareas de seguridad pública, con reformas constitucionales incluidas. Es imposible pasar por alto el acomodo de las disposiciones en su favor, como el hecho de permitir proyectarse como desarrollador inmobiliario, y administrador aeroportuario, y ¿en base a qué?
A pesar de que ha sido mencionado muchas veces por varios medios de comunicación, actores políticos y sociedad, vale la pregunta: ¿en qué momento López Obrador cambió de forma de pensar respecto a sacar al ejército de las calles para reincorporarlos a sus cuarteles? ¿Abrazos y no balazos? Estas, como otras frases que utilizó AMLO cuando era candidato, al referirse al uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad, quedaron para el registro, no hay, en apariencia una explicación lógica, aunque esto es imposible pedir en esta 4-T. Pero después de la reunión que sostuvo con los mandos de ese importante cuerpo, su perspectiva cambió radicalmente.
Una decisión unilateral, como muchas otras, lo peor es que se está volviendo costumbre, cosas de la mayor importancia e interés para todos los mexicanos las tomará así, tal vez porque piense que le asiste la razón divina, y si es así, entonces se confirma lo que muchos temen, estamos en presencia del inicio de un mandato autoritario. Porque las famosas consultas si van a ser como las que se han hecho hasta hoy, serán mera simulación.
Por otro lado, las estadísticas obligan al presidente entender que el tema de la seguridad no puede solucionarse sólo por desearlo o por acomodar los números como mejor le parezca. Isabel Miranda de Wallace informó que de diciembre del 2018 a enero de 2019 aumentaron los secuestros en 49.6%, solo por mencionar un dato.
El mandatario señaló que “La Guardia Nacional nos va a ayudar mucho. (Aunque) la solución es que no haya pobreza, la paz es fruto de la justicia, esa es la solución”. Pero, en cuanto a la justicia, habría que preguntarle cómo la entiende, porque con los perdones y borrón y cuenta nueva, deja más dudas que certeza.
Y ¿cómo puede ser la solución que no haya pobreza si gran parte de sus acciones van encaminadas aparentemente en tener un país más pobre?, lo que realmente hace falta es inversión. No es posible que el gobierno pretenda generar riqueza cuando se ha demostrado a través de los años y con mucho dolor de por medio, que el peor empresario resulta ser precisamente el gobierno.
La reforma considera un plazo de temporalidad para que las fuerzas armadas en 5 años vuelvan a los cuarteles, ya se verá si esto se cumple. El cuerpo entra plenamente en funciones a mediados del sexenio en 2021, mientras tanto se tendrá que poner énfasis en mejorar las policías estatales y municipales ¿será?.
