Resulta inaceptable la exigencia de las 28 empresas transportistas que hacen a la Secretaría de Movilidad del Estado de México para ajustar el pasaje a 14 pesos de forma oficial, bajo el argumento de que se declaran en números rojos.
Pretenden imponer condiciones a un gobierno que no termina por ponerlos en orden, porque si creen que pueden hacer lo que les venga en gana, es porque tienen las condiciones para hacerlo, de otra manera estarían buscando mínimo alternativas con el secretario.
Es importante recordarles a los empresarios que son concesionarios para la prestación de un servicio en beneficio de la sociedad que lo ocupa, que no son dueños, que el gobierno en cualquier momento puede ordenar se les retire, aunque en apariencia no cuente con las condiciones para no afectar a la ciudadanía, pero sí las hay, porque siempre habrá los que sí desean poner de su parte y no sólo exigir desde su perspectiva muy particular, que dicho sea de paso, tienen su derecho.
Es razonablemente comprensible que el empresario debe ganar con la prestación del servicio, pues se trata de su negocio, y el gobierno debe ofrecer las condiciones para que transportistas y usuarios se vean favorecidos, unos con las ganancias que esperan del negocio y los otros de recibir un servicio a la altura de sus necesidades y con la dignidad que merecen.
A través del tiempo, han pasado secretarios de la que antes era la Secretaría del Transporte y ahora de Movilidad, que tuvieron muchas reuniones con los transportistas, así como realizaron operativos para intentar imponer al transporte la norma que previamente establece el orden que debe imperar, pero la renuencia por una o por otra razón ha ocasionado que se pierda mucho tiempo. Los empresarios ceden de a poco y la autoridad no exige de más.
La diabólica relación afecta principalmente a quienes más deberían verse favorecidos, porque principalmente son muchos los autobuses concesionados que se encuentran en mal estado tanto mecánico, como de estética, ofreciendo un servicio de una calidad que se encuentra muy por debajo del que debería, con unidades sucias y mal olientes, además con operadores desaliñados y tradicionalmente groseros, todo se encuentra a una distancia abismal de lo que el usuario merece.
Se ha propuesto varias veces una planeación estratégica respecto del ordenamiento de rutas que circulan en el valle de Toluca, y que puede ser punto de partida para una mejor conectividad en la ciudad, más solvente y ágil para bien del tránsito vehicular, de la ciudadanía y del medio ambiente, que de resultar ser efectivo, poder aplicarlo en el resto del suelo mexiquense, bajo la premisa de que no se crucen líneas, para aprovechar al máximo el espacio de cada unidad.
Por otro lado era de esperarse que la rentabilidad del negocio del transporte en general haya recibido un fuerte golpe en los bolsillos de los empresarios, con motivo del aumento a los precios de los insumos como la gasolina, el diésel y refacciones, pero también lo son la irregularidad, la ilegalidad y la competencia desleal. Además de enfrentar la exigencia de colocar cámaras de video vigilancia, GPS y botón de pánico.
Y hablando precisamente de esto, Alfredo del Mazo, gobernador de la entidad mexiquense, dio el banderazo de salida para 81 unidades nuevas con el kit de seguridad con cámaras de video vigilancia y GPS enlazados al C5, un buen inicio sin duda, además aprovechó para anunciar que hay un avance importante de más de 98 mil 600 unidades que representa el 60% de un total de 168 mil concesiones, regularizadas y actualizadas.
Lo anterior no es nada fácil de cumplir, porque hay resistencias a la regularización, la cual debe concluir en junio de este año, por lo que es comprensible que las presiones sean muchas y de forma constante para la autoridad, pues debe haber participación de transportistas, empresarios y operadores.
No obstante, todo lo anterior no debe ser pretexto para que termine siendo el usuario el que pague por los platos rotos, porque se trata del último eslabón, el más afectado y al que siempre se pretende afectar, cuando debería ser la Secretaría junto con los transportistas los obligados a buscar alternativas, puesto que la política pública en materia de movilidad tiene como centro a la ciudadanía y no se desarrolla en torno a las exigencias de los transportistas.
La ocasión amerita el esfuerzo para evitar la salida recurrente, que siempre es la propuesta del aumento a la tarifa del pasaje, Los empresarios señalaron que buscarán diálogo con la Semov y con el vocal del Instituto del Transporte para que se haga válido el pretendido aumento, pero, y es donde hay que poner especial atención, de no fructiferar el consenso, se verán en la necesidad de aumentar el pasaje de forma unilateral, así la amenaza.
¿Qué hará el gobierno del estado a través de la Secretaría de Movilidad para evitar el abuso? Ya lo veremos.
