En la historia de la humanidad, han existido medios para asegurar que se respeten los derechos de la sociedad y de los individuos en particular. Estos medios han evolucionado con el tiempo, hasta llegar al control social através del Estado de Derecho, el cual se ejerce por medio de instituciones jurídicas, creadas precisamente para proteger la vida del hombre en sociedad. Una de estas instituciones que procura la paz social, es la fuerza pública.
Contrario a lo que muchos podrían pensar, la fuerza pública no es la policía o el ejército. Específicamente, la fuerza pública es aquella potestad que tiene el Estado para hacer cumplir sus determinaciones y procurar el control social y se representa principalmente en las acciones que realizan los cuerpos de seguridad pública. Sin esta potestad del Estado, viviríamos en la anarquía que, desafortunadamente, ya se empieza a presentar en varios rincones de nuestro país y que de manera frecuente esbozan grupos de la delincuencia organizada y hasta comunidades enteras.
En este sentido, qué penoso es ver, estimados lectores, a un grupo de militares vejados y vilipendiados por pobladores de una comunidad en el estado de Guerrero, quienes cometen infracciones a la ley federal de armas de fuego y explosivos, pero más penoso es ver un Estado que con la bandera de los Derechos Humanos, permite que a los miembros de sus cuerpos de seguridad se les violen estos derechos fundamentales y todavía aplauda una acción ilegal e inconstitucional.
Para mí, como abogado con experiencia en materia de seguridad, es increíble que nuestros legisladores aprueben leyes sin escuchar a los expertos. Quisiera ver a un diputado o senador en un enfrentamiento en contra de la delincuencia y que en ese momento se pusiera a contar el número de disparos que realizara para después declararlo ante la autoridad ministerial o reportarlo a sus superiores; increíble este supuesto que establece la nueva Ley de uso de Fuerza.
Desafortunadamente, las fuerzas del orden cada día tienen menos posibilidades de realizar con tranquilidad su trabajo. Si nosotros preguntamos a un policía o a un miembro de las fuerzas armadas su opinión, escucharemos dudas, incredulidad y, sobre todo, temor ante una acción de uso de fuerza por las consecuencias jurídicas que se plantean en nuestra legislación.
Pero, volviendo al tema principal, si no queremos ver afectados nuestros derechos como ciudadanos y como sociedad, es importante exigir a nuestros representantes la creación de leyes congruentes para terminar con la delincuencia; exigir también que la ley se aplique con responsabilidad y de manera general, como se establece en los principios de las normas jurídicas y, sobre todo, que se haga el uso de la fuerza, como es obligación del gobierno, para mantener el Estado de Derecho y no caer en la anarquía. Lógicamente, este uso de la fuerza regulado por las reglas establecidas en el Derecho Internacional, que otorgue la protección necesaria al actuar de las fuerzas de seguridad en nuestro país.
Como tanto se dice: “nadie por encima de la ley.”
Por cierto, recibí las estadísticas que amablemente me envían de la Coordinación de Combate al Secuestro de la Fiscalía General de Justicia del Estado y son alentadoras; esto se corrobora con las acciones de éxito que hemos visto últimamente en los medios.
